La Operación Enjambre, impulsada por el gobierno de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acumula mil 208 años y 10 meses de prisión en sentencias contra 27 personas, entre ellas exalcaldes, excomisarios y policías municipales, de acuerdo con el balance de la estrategia de seguridad estatal.
Las condenas corresponden a delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada. Del total, 16 sentencias condenatorias concentran mil 153 años y cinco meses de prisión, mientras el acumulado general de las resoluciones judiciales alcanza mil 208 años y 10 meses.
La estrategia comenzó el 22 de noviembre de 2024, a partir de investigaciones sobre la posible infiltración de grupos criminales en corporaciones policiales y administraciones municipales, con el propósito de operar con protección desde las propias instituciones.
Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, recibió una sentencia de 40 años por homicidio y otra de 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión, uno de los casos con las penas más elevadas.
También figura María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, sentenciada a 70 años de prisión por el homicidio de integrantes de su administración.
Entre las personas condenadas se encuentran además exmandos policiales de Tlatlaya, Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan y otros municipios, con resoluciones relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio y desaparición forzada.
Mantienen investigaciones
La administración de Delfina Gómez señaló que la Operación Enjambre continúa activa y que la Secretaría de Seguridad estatal mantiene coordinación con las instituciones que participan en las acciones.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México integra nuevas investigaciones relacionadas con funcionarios de administraciones actuales y anteriores, con el objetivo de determinar responsabilidades y, en los casos que correspondan, proceder ante las autoridades judiciales.
La estrategia surgió ante indicios de posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones delictivas, por lo que las autoridades estatales y federales mantienen acciones para identificar y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.