A partir de la divulgación del video de una adulta mayor que asesinó a mano armada a los integrantes de un sindicato de sujetos que se dedica a invadir inmuebles en el Estado de México, las autoridades en esa entidad reconocieron el grave problema de despojo por el que atraviesa el territorio, e implementaron la “Operación Restitución”, estrategia integral de la Fiscalía General de Justicia del Estado para combatir la invasión de propiedades, y que devuelve inmuebles a sus legítimos dueños.
Sin embargo, aún con decenas de aseguramientos de inmuebles invadidos y devoluciones a las personas que acreditaron su legítima propiedad, durante más de un año, el promedio de denuncias de casas ocupadas por criminales era superior a las recuperadas por las autoridades. Pero desde mayo del 2026, las carpetas de investigación por este ilícito han descendido, a 350 acusaciones mensuales en promedio cuando en el pasado se acumulaban más de 480.
A través de acciones realizadas en el marco de la Operación Restitución, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), han desplegado, según las autoridades, esta estrategia para bajar la incidencia de este delito y según el gabinete a cargo, a poco más de un año de su primer despliegue operativo, Operación “Restitución” es una estrategia fundamental para fortalecer la certeza de la propiedad en el Estado de México.
Al cuatro de octubre del 2026, fecha del último corte y a 18 meses del inicio de la “Operación restitución”, se han asegurado dos mil 711 inmuebles, de los cuales mil 669 han sido restituidos a sus legítimos propietarios. En este paquete se encuentra la casa de Mariana “N”, hija de Carlota “N”, caso de despojo que obligó a las autoridades a iniciar este proyecto de recuperación de bienes.
Del 26 de septiembre al dos de octubre de 2026, se realizaron 13 cateos y 44 inspecciones en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Ixtapaluca, La Paz, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Temoaya, Tlalnepantla de Baz, Toluca y Zumpango en donde aseguraron 57 inmuebles, de los cuales 49 estaban destinados a casa habitación y ocho predios.
Aún en abril del 2026, cuando se cumplió un año de la “Operación Restitución”, el número de carpetas de investigación se mantenía un cifras promedio mensualmente (407). Con la creación de la estrategia, en abril del 2025, la cantidad de denuncias por el delito de despojo creció 13 por ciento de 2024 a 2025, de cuatro mil 936 denuncias a cinco mil 594, situación que si bien visibiliza la problemática, es cierto que este operativo se convirtió en una herramienta de denuncia más cercana para que este ilícito no quede en la cifra negra, como previamente la ciudadanía reportaba que ocurría y pueda ser indagado para su resolución.
No obstante, de abril de 2025 — cuando nació la estrategia — a febrero del 2026, cinco mil 147 denuncias se presentaron en el Ministerio Público por despojo.
Pero en mayo del 2026, un mes después, el número de carpetas de investigación recibidas en el Ministerio Público bajó seis por ciento, a 383.
Después, en junio, la tendencia se mantuvo a la baja, con 364 nuevos casos, una reducción del cinco por ciento.
A pesar de que en julio las carpetas nuevas volvieron a subir a 392, en agosto se mostró otro descenso, con 365, siete por ciento menos que el mes anterior.
De los dos mil 711 inmuebles que han sido devueltos hasta el momento, mil 345 corresponden a casas habitación, 321 predios y tres inmuebles dedicados a locales comerciales.
Con este operativo de seguridad, la Fiscalía, con apoyo del Gobierno federal reconocieron que varios de estos casos reportados ante las autoridades se mantenían estáticos, sin avances en la investigación y que la impunidad permitía a los invasores ocupar predios en la ilegalidad, sumado a que las pocas detenciones de miembros de las células delictivas en el pasado, permitieron su expansión en el Estado de México.
El modus operandi de los grupos delictivos es ubicar inmuebles abandonados de propietarios que no viven en la ciudad o no tienen interés en el predio; luego de permanecer dentro de la casa o departamento durante meses o años, el invasor toma posesión del terreno al pagar recibos de agua, impuesto predial o servicios de telefonía, lo que le da dominio ante el Poder Judicial para apropiarse del hogar, con lo que aparenta que es el responsable del mantenimiento de la propiedad y le facilita su adquisición.
Asimismo, a través de la usucapión puede adquirirse la propiedad u otro derecho real mediante la posesión por el transcurso del tiempo. Una persona puede convertirse legalmente en propietaria de un bien que ha poseído durante un tiempo determinado, incluso si no tenía un título de propiedad original. Además, la debilidad de las penas, que abarcan de tres meses a cinco años de prisión y una multa de cincuenta a 500 pesos, da pie a la rápida ejecución del delito.