La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada propuso reformar la Ley de Cultura Cívica para que determinados robos sin violencia, daños materiales menores y conflictos familiares o vecinales puedan resolverse mediante procedimientos cívicos.

Propone reparación del daño y medidas para evitar que las conductas se repitan, sin que las personas afectadas pierdan la opción de acudir a la vía penal.

La iniciativa establece que la sustracción de bienes con un valor inferior a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a alrededor de 5 mil 800 pesos, pueda atenderse en los juzgados cívicos cuando no exista violencia ni reincidencia.

También plantea incorporar daños a bienes muebles e inmuebles por ese monto, así como determinados casos de maltrato físico o verbal entre familiares que no estén comprendidos en el delito de violencia familiar.

La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que el propósito es ofrecer una respuesta más rápida a conflictos que actualmente pueden derivar en investigaciones penales, aunque no necesariamente impliquen violencia física o delitos de mayor gravedad.

“Una ciudad de derechos debe buscar, frente a cada conflicto, la respuesta menos punitiva y más efectiva, que sea capaz de resolverlo”, sostuvo.

La funcionaria precisó que la reforma no elimina la vía penal para los robos menores, sino que incorpora una alternativa para que las víctimas decidan si presentan una denuncia ante el Ministerio Público o buscan una solución mediante la justicia cívica.

En esta última, podrían obtener la devolución de lo sustraído o la reparación del daño, mientras que la persona responsable tendría que asumir las consecuencias de sus actos.

Los casos que podrían atenderse por esta vía son daños derivados de accidentes de tránsito, desperfectos ocasionados en viviendas, como los provocados por goteras, e insultos o agresiones entre vecinos y familiares que no constituyan delitos de mayor gravedad.

La iniciativa también contempla que los daños a muebles o inmuebles que no superen las 50 UMA puedan sancionarse con arresto o trabajo en favor de la comunidad, además de la reparación material o económica correspondiente.

Buscan prevenir la reincidencia

La jefa de Gobierno, Clara Brugada señaló que la propuesta es resultado de más de un año de análisis en el Gabinete de Construcción de Paz y busca modificar un modelo centrado en multas, arrestos y sanciones para dar prioridad a la prevención, la mediación y la reparación.

“No se trata entonces de castigar menos, sino de resolver mejor”, afirmó.

Uno los cambios será la incorporación de agentes psicosociales restaurativos en los juzgados cívicos. Estos realizarán evaluaciones para identificar factores emocionales, sociales o de riesgo que puedan estar relacionados con las infracciones y, según cada caso, canalizar a las personas a servicios psicológicos, educativos, laborales o de tratamiento de adicciones.

El objetivo, explicó Brugada, es evitar que una sanción se limite a castigar una conducta sin atender las causas que la originaron. La intención es intervenir antes de que los conflictos cotidianos escalen a episodios de violencia.

“Queremos pasar de una justicia que castiga después, a una justicia que previene antes”, expresó.

La propuesta incluye la creación de centros de gestión de conflictos sociales y comunitarios denominados Calpullis de Paz, que podrían instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios comunitarios. En ellos se ofrecerían servicios de mediación, conciliación y justicia restaurativa, tanto presenciales como virtuales.

Además, se prevé desplegar jornadas itinerantes para atender disputas directamente en las colonias, así como impulsar talleres de prevención de violencia, resolución pacífica de conflictos y atención de adicciones. Los acuerdos alcanzados podrían incluir reparaciones económicas, materiales o simbólicas, compromisos de no repetición y actividades en beneficio de la comunidad.

Además adelantó que el próximo año se contemplarán recursos presupuestales para mejorar las instalaciones de los juzgados cívicos y fortalecer su personal, incluidos los servicios de médicos legistas.

La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, indicó que la reforma busca establecer una atención individualizada, de acuerdo con las circunstancias de cada infracción, y dar seguimiento a los acuerdos para evitar que los problemas se reproduzcan.

Audiencias públicas y participación policial

Otro de los ejes será la incorporación de audiencias orales y públicas, en las que los jueces escuchen a las partes, revisen los hechos y determinen la infracción y la sanción correspondiente. El mecanismo se aplicaría tanto a casos con personas detenidas como a denuncias por conflictos comunitarios que no impliquen una detención.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que la reforma puede convertirse en una de las principales estrategias preventivas de la capital, al permitir que la policía identifique problemas antes de que deriven en delitos.

Las conductas prioritarias mencionadas fueron riñas, intimidación, maltrato, consumo de alcohol y sustancias en espacios públicos, cobros coercitivos de franeleros, maltrato animal, daños, pintas y acumulación de basura o desechos.

Las audiencias también permitirán reducir el tiempo que los policías permanecen en los juzgados cívicos, donde actualmente pueden pasar entre cuatro y cinco horas por cada puesta a disposición. La reforma prevé que su presencia durante estos procedimientos sea excepcional y que se aprovechen las audiencias virtuales cuando sea posible.

El funcionario sostuvo que la comparecencia ante los jueces obligará a los agentes a justificar sus actuaciones y fortalecerá su capacitación en materia de legalidad y derechos humanos.