En el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 4, ubicado en avenida de Las Granjas, en Azcapotzalco, persiste la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad del inmueble y el futuro de las actividades escolares, por lo que urgieron la intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para atender los daños estructurales registrados desde el 2025.
Este tipo de instituciones públicas ofrecen atención escolarizada a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual o trastornos del neurodesarrollo que requieren atención que no se puede brindar en una escuela regular.
El centro de atención mantiene en riesgo a 81 niños con capacidades diferentes y a pesar de las múltiples denuncias nadie hace algo por cambiar la situación.
De acuerdo con el concejal de Azcapotzalco, Fernando Rosique, quien ha dado seguimiento a la denuncia, 11 niños fueron reubicados en el CAM 24 en la Gustavo A. Madero y otros más aún continúan en el plantel dañado estructuralmente.
La solicitud de la intervención de la SEP, ocurre luego de que se denunciara la situación a las autoridades correspondientes y no se obtuviera una solución definitiva; por ello, el concejal solicitó instalar una mesa de trabajo con autoridades de la SEP, directivos del plantel y padres de familia.
Lo anterior, con el fin de conocer las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad de los alumnos y la continuidad de sus estudios.
La preocupación por las condiciones del inmueble se remonta al 4 de abril de 2025, cuando la directora del CAM 4, María Fernanda Quintanar González, emitió un oficio para reportar los daños y solicitar atención de las autoridades.
Posteriormente, el 11 de julio de ese año, la Dirección General de Análisis de Riesgos remitió una opinión técnica que clasificó como de riesgo alto los daños en la infraestructura escolar.
Entre las medidas señaladas en el documento se encontraban la reubicación de los cuerpos constructivos afectados, mediciones topográficas, estudios geofísicos y una revisión de las tuberías de gas.
Rosique también informó que el 7 de mayo de 2026 se recurrió a la Procuraduría Social de la Ciudad de México para solicitar respuestas al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa (ILIFE) y al Instituto para la Seguridad de las Construcciones capitalino.
El concejal aseguró que corresponde a las autoridades educativas atender la situación del plantel y dar seguimiento a las solicitudes de la comunidad escolar, por lo que insistió en la necesidad de establecer un espacio de diálogo con la participación de las familias.
“La principal preocupación es que no existe claridad sobre el destino de las instalaciones: si serán rehabilitadas, reconstruidas o si será necesario reubicar definitivamente el centro educativo”, comentó.
Por ello, con la mesa de trabajo busca reunir a las instancias involucradas para definir una ruta de atención y ofrecer respuestas a los padres de familia sobre las condiciones en que sus hijos continuarán recibiendo educación especial.