La iniciativa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para expedir Ley de Salud Mental, Bienestar Emocional y Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas fue turnada a la Comisión de Salud del Congreso capitalino, la propuesta busca destinar una inversión adicional equivalente al 5 por ciento del presupuesto total de la Secretaría de Salud Pública (SSP) local a la atención de la salud mental y las adicciones.
El proyecto, entregado durante el segundo informe de la mandataria local, busca reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de México y abrogar la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, vigente desde 2011.
Y establece que los recursos asignados a la Secretaría de Salud deberán aumentar en términos reales respecto del ejercicio fiscal anterior; el presupuesto debe considerar las condiciones de salud de la población sin seguridad social, los cambios demográficos y epidemiológicos, así como las emergencias sanitarias.
Los gastos de aplicación deberán cubrirse con los presupuestos aprobados, sin ampliaciones presupuestales para el ejercicio vigente ni los subsecuentes.
Creación del IASAMA
El objetivo de esta iniciativa es integrar la atención de la salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas bajo un enfoque de derechos humanos, autonomía e inclusión social.
Por lo anterior, se prevé crear el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA) como organismo sectorizado a la Secretaría de Salud capitalina, con funciones de coordinación y atención en dicha materia.
“El IASAMA establecerá los criterios y procedimientos para garantizar que la atención de personas que consumen sustancias psícoactivas y los tratamientos proporcionados, sean adecuados, accesibles, voluntarios y centrados en las necesidades de cada persona”, señala el documento.
Alcaldías destinarán 10% del presupuesto para servicios de difusión
También propone instalar consejos de atención integral en cada una de las alcaldías para coordinar acciones en la materia y deberán destinar al menos el 10 por ciento de su presupuesto aprobado, para los servicios de difusión e información, a la operación de campañas.
“Las alcaldías colaborarán con el IASAMA, en el desarrollo de acciones y aportarán los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para implementar campañas orientadas a la salud mental y la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas”, señala el documento.
Otra de las medidas propuestas es desarrollar una red comunitaria que incluya servicios de primer contacto, detección e intervención temprana, equipos interdisciplinarios con posibilidad de atención domiciliaria, servicios para crisis y atención especializada ambulatoria.
También contempla acciones de prevención del suicidio, orientación a distancia, rehabilitación psicosocial y alternativas para favorecer la integración comunitaria de las personas usuarias.
Internamientos bajo revisión
La propuesta de Brugada establece condiciones para los ingresos hospitalarios no voluntarios y busca limitar su aplicación a situaciones previstas en la ley.
El proyecto señala que los internamientos por emergencia o extrema urgencia deberán realizarse en hospitales generales o unidades de segundo o tercer nivel que cuenten con servicios de salud mental; también contempla que se informe a las autoridades correspondientes y a una persona de confianza o apoyo.
Para determinados ingresos no voluntarios, propone reevaluar la necesidad de mantener el internamiento a las 72 horas y, posteriormente, cada 15 días, mediante una persona especialista distinta de quien lo indicó o un comité de revisión.
Si después de 72 horas la persona no consiente el internamiento, la propuesta establece que deberá egresar, salvo que el hospital solicite autorización judicial para prolongarlo.
De acuerdo con el documento, la autoridad judicial tendría un plazo máximo de cinco días para resolver, y la autorización no podría exceder de 30 días, con posibilidad de renovación únicamente después de una nueva valoración.
La iniciativa también establece que la contención física u otras medidas restrictivas sean consideradas un último recurso para evitar un daño inminente, cuando otras alternativas resulten insuficientes. Prohíbe utilizarlas como castigo, por conveniencia del personal o debido a la falta de recursos.
Regulación de centros de atención
El proyecto incorpora mecanismos de registro, inspección y sanción para los centros de atención integral, con infracciones graduadas según su gravedad y procedimientos que contemplan el derecho de audiencia.
Asimismo, plantea que los establecimientos públicos, privados y sociales que brinden servicios de salud mental o atención al consumo de sustancias psicoactivas y no cuenten con un registro vigente regularicen su situación dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del decreto, en caso de que la iniciativa sea aprobada.
Durante la sesión del martes 20 de octubre la propuesta fue turnada a la Comisión correspondiente; como parte de la ruta legislativa, el Congreso anunció la apertura de un proceso de Parlamento Abierto para que la ciudadanía presente observaciones y propuestas de modificación.
La Comisión de Salud contará con un plazo ordinario de 45 días hábiles para elaborar el dictamen, con posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual.