
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) analizó los retos de las acciones afirmativas para garantizar la inclusión política, entre ellos la simulación de candidaturas, la acreditación de pertenencia a grupos de atención prioritaria y las condiciones necesarias para que estos sectores tengan una participación efectiva en las decisiones públicas.
En la cuarta Masterclass del ciclo 2026, denominada “Acciones Afirmativas en Materia Electoral y la Arquitectura Institucional para la Inclusión Política”, la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Roselia Bustillo Marín, expuso los desafíos que enfrentan las autoridades electorales para evitar que se ocupen de manera indebida los espacios destinados a poblaciones históricamente discriminadas.
La especialista señaló que es necesario revisar los criterios para acreditar la pertenencia a los grupos beneficiarios, particularmente en el caso de las personas indígenas que buscan acceder a candidaturas mediante la autoadscripción calificada.
Al respecto, explicó que debe distinguirse entre el vínculo con una comunidad y la pertenencia a ella, además de considerar los contextos particulares al evaluar los elementos presentados para acreditar esa condición.
También advirtió que pueden presentarse simulaciones cuando las personas postuladas no tienen una vinculación auténtica con las comunidades que buscan representar o cuando las candidaturas se registran en condiciones que reducen sus posibilidades de obtener representación política.
Ante ello, planteó la importancia de prevenir la usurpación de espacios reservados para grupos de atención prioritaria, sin vulnerar el derecho a la identidad personal.
En su exposición, presentó datos sobre la representación política de estos sectores en la Ciudad de México. Entre las cifras referidas destacó la presencia de 20 diputaciones y 56 concejalías correspondientes a grupos de atención prioritaria.
A partir de estos resultados, señaló que uno de los desafíos consiste en superar la representación numérica para avanzar hacia una participación que tenga incidencia efectiva en las decisiones públicas.
La magistrada sostuvo que las acciones afirmativas deben contribuir a reformas estructurales que reduzcan las desigualdades históricas, en lugar de limitarse a garantizar la presencia de determinados grupos en los espacios políticos.
Del mismo modo, planteó la necesidad de avanzar hacia una democracia basada en el reconocimiento de los derechos de todas las personas, sin que la inclusión dependa de concesiones o prácticas paternalistas del Estado.
En la inauguración de la actividad, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que las acciones afirmativas han evolucionado desde las medidas para garantizar la participación política de las mujeres hasta la incorporación de otros grupos de atención prioritaria.
También expuso los desafíos que enfrentan las autoridades electorales para evitar simulaciones y garantizar que los espacios destinados a estas poblaciones cumplan con su propósito. En ese sentido, resaltó la importancia de la revisión jurisdiccional de las determinaciones administrativas en materia electoral.
La consejera electoral María de los Ángeles Gil Sánchez, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional, consideró necesario analizar los alcances y las dificultades de estas medidas para identificar los obstáculos que persisten y fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales.
Gil Sánchez agregó que el IECM impulsa espacios de intercambio con instituciones y personas interesadas en los ámbitos local, nacional e internacional, con el propósito de compartir experiencias y conocimientos sobre democracia y participación ciudadana.
La sesión se realizó en las instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México, con la participación de consejeras electorales, personal del IECM, integrantes de la comunidad académica y ciudadanía interesada, incluida población originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero.