Expertos y legisladores advirtieron una serie de riesgos que trae consigo la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles que impulsa el gobierno de la Ciudad de México, pues pondrá contra las cuerdas a estudiantes, trabajadores, familias y migrantes que busquen rentar un inmueble para vivir en la capital del país.
Explicaron que las nuevas obligaciones que se busca imponer a los propietarios de un cuarto, departamento o casa en renta desalentará esta práctica, lo que ocasionará que haya menos vivienda disponible para alquilar, y ello elevará los costos de arrendamiento.
José Luis Matabuena, abogado constitucionalista, cuestionó que la iniciativa presentada al Congreso de la Ciudad de México por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, trate de imponer a los propietarios un límite al precio de las rentas, incluso cuando el inmueble cambie de inquilino.
“Es absurdo que la autoridad pretenda que cuando un inquilino deje la vivienda, se tope la renta en el mismo costo para el próximo inquilino…El contrato es un acuerdo de voluntades entre partes. El gobierno no se puede meter en la propiedad privada en ese punto”, estableció.
En tanto que expertos del sector inmobiliario han advertido que la escasez de inmuebles en renta en la capital provocará que una persona o familia que busque un inmueble para estar cerca de su escuela o trabajo busque opciones en las orillas de la capital, lo que además de los fuertes gastos en transporte, les ocasionará la pérdida de valioso tiempo productivo debido a los largos traslados.
En el Congreso de la Ciudad de México las bancadas de oposición adelantaron que votarán en contra de la iniciativa gubernamental, pues entre otros puntos, señalaron que el derecho a la vivienda debe garantizarse con políticas que amplíen su disponibilidad, no con restricciones que puedan agravar su escasez.
El coordinador de los legisladores del PAN, Andrés Atayde, expresó que la iniciativa puede tener buenas intenciones, pero como está planteada, provocará escasez de oferta, incremento de precios e incertidumbre jurídica. “Así como está planteada, sin modificaciones, el PAN tiene claro que votaría en contra. Presentaremos las reservas correspondientes para ver si podemos construir una iniciativa que sí ayude a tener mayor oferta de vivienda, y por lo tanto, varios precios”, indicó.
Jesús Sesma, líder del PVEM en la CDMX, y los diputados de ese partido en el Congreso local, también advirtieron que no respaldarán la propuesta tal como está.
El dirigente consideró que es necesario revisar nueve artículos de la propuesta, y estudiar la contrapropuesta de su bancada, con el objetivo de evitar que las nuevas reglas afecten la inversión inmobiliaria, frenen el desarrollo de la ciudad o generen incertidumbre entre quienes construyen y quienes buscan una vivienda en renta.
La iniciativa fue publicada el 14 de octubre de 2026 y turnada el 20 de octubre a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Continúa pendiente de dictaminación y eventual votación en el pleno.
Entre los principales puntos destacan: tope a las rentas; garantías y cobros; no discriminación; creación de una Defensoría Gratuita en la Procuraduría Social (Prosoc), y registro digital de los contratos de arrendamiento ante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).
También plantea multas para propietarios: De $11,731 a $46,924 por aumentos superiores al límite; de $2,932.75 a $5,865.50 por no entregar el contrato original, y de uno a tres meses de renta por incumplimientos del registro o su constancia.
Para los inquilinos también propone sanciones: De $5,865.50 a $11,731 por uso no habitacional sin autorización expresa, y de $5,865.50 a $23,462 por realizar modificaciones no autorizadas en el inmueble.