El Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México dio a conocer que no respalda la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por lo que condicionó su voto a que se incorporen modificaciones a la propuesta y se realicen reuniones públicas con representantes del sector inmobiliario.
Además, advirtió que su aprobación en los términos actuales podría generar consecuencias no previstas en el mercado de arrendamiento.
Jesús Sesma Suárez, dirigente del PVEM en la Ciudad de México, reconoció que la iniciativa impulsada por la mandataria local busca frenar la gentrificación y evitar incrementos desproporcionados en las rentas; sin embargo, sostuvo que el proyecto requiere una revisión para garantizar que las medidas de protección a los inquilinos no afecten la certeza jurídica de los propietarios ni la inversión inmobiliaria.
El legislador señaló que, sin una revisión de sus alcances y de las reglas que establecerá para quienes ofrecen y buscan vivienda en renta, la regulación podría propiciar prácticas irregulares, principalmente en la celebración de contratos. Por ello, señaló que su bancada no respaldará la iniciativa en su redacción actual, a menos de que se tomen en cuenta sus observaciones.
“La iniciativa como la mandaron, el PVEM no la va a aprobar, a menos de que sean incluidas las propuestas que estamos poniendo a consideración y que se hagan reuniones públicas, al menos, con el sector inmobiliario”, afirmó Sesma.
¿Qué pide que se modifique?
Entre las modificaciones que el partido propone discutir se encuentran nueve temas: los aumentos de renta; el registro y la validez de los contratos; los depósitos y las garantías; las mejoras a los inmuebles; las prórrogas; el manejo de datos personales; la igualdad y la cohabitación; la definición del arrendamiento, y la legitimación del arrendador.
De acuerdo con el planteamiento del PVEM, la revisión de estos aspectos permitiría precisar las obligaciones y los derechos de las partes involucradas en un contrato de arrendamiento, así como identificar posibles efectos de las nuevas disposiciones antes de que sean aprobadas.
Cuestiona iniciativas del GCDMX
Sesma también cuestionó que las iniciativas legislativas enviadas por el Gobierno se tramiten bajo la idea de que deben aprobarse necesariamente, sin que exista una discusión suficiente sobre sus posibles consecuencias.
Consideró que esa dinámica puede dejar inconformidades fuera del debate público y limitar la posibilidad de incorporar observaciones de los sectores involucrados.
“Cuando mandan algo y tiene que pasar, porque tiene que pasar, te apuesto a que hay muchos que no están satisfechos”, comentó.
Y añadió que manifestar desacuerdo con una propuesta no debería interpretarse automáticamente como una postura de confrontación política, sino como parte de la discusión necesaria para mejorar una iniciativa.
“Y no dicen nada porque en muchas ocasiones el no estar de acuerdo lo toman como acto de rebeldía o de oposición… cuando uno cree que tiene la verdad absoluta, se ciega”, expresó.
En ese sentido, el PVEM planteó abrir espacios públicos de diálogo con representantes del sector inmobiliario para conocer sus preocupaciones y revisar los efectos que podría tener la regulación en la oferta de vivienda en renta.
Insistió que la intención es que el análisis no se limite a la protección de los inquilinos, sino que también considere las condiciones en las que los propietarios ponen sus inmuebles en el mercado.
En su intervención, el diputado Manuel Talayero, coordinador de la bancada ecologista, señaló que el partido está a favor de combatir la gentrificación y evitar que las personas enfrenten aumentos excesivos en los alquileres, pero insistió en que las nuevas reglas deben ofrecer certidumbre tanto a quienes rentan una vivienda como a quienes la ponen en arrendamiento.
El legislador sostuvo que la discusión debe buscar un equilibrio entre el acceso a una vivienda asequible y la seguridad jurídica de los participantes en el mercado inmobiliario.
Y reiteró que la Ley debe atender los abusos que pueden enfrentar los inquilinos sin generar incertidumbre que afecte la inversión o reduzca las opciones disponibles para rentar.