La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México brindó más de 89 mil asesorías jurídicas en materia penal y aceptó más de 39 mil defensas entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, así lo informó su titular, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, como parte de la Glosa del Segundo Informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
En presencia de integrantes de las Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; de Administración y Procuración de Justicia, y de Justicia Cívica y Defensoría Pública, la funcionaria también reportó cerca de 30 mil asesorías en materia civil, familiar y de arrendamiento inmobiliario.
Como parte de las acciones para ampliar el acceso a estos servicios, adelantó que próximamente se realizarán jornadas de defensoría en las alcaldías, que comenzarán en Miguel Hidalgo, con el propósito de acercar la atención jurídica a la población.
Cruzvillegas señaló que la dependencia cuenta con 642 personas defensoras públicas y sostuvo que el fortalecimiento de esta área responde a las necesidades de quienes no tienen recursos para contratar representación legal.
“Se tiene que reforzar aún más la defensoría pública por las necesidades de la gente”, expresó, al señalar que el trabajo de la Consejería también comprende acciones de civismo, convivencia y prevención.
Durante la comparecencia, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en la importancia de ampliar el acceso a la justicia y fortalecer la defensoría pública. Sin embargo, también plantearon pendientes relacionados con el presupuesto, la infraestructura, la certeza patrimonial y la atención de conflictos comunitarios.
Por Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, pidió conocer las condiciones actuales de la infraestructura destinada a la justicia cívica y los recursos que requerirá para operar.
También consideró que los mecanismos alternativos de solución de conflictos deben ofrecer una vía ágil para atender problemas vecinales y comunitarios, sin reproducir la burocracia y los retrasos que enfrentan quienes acuden al Ministerio Público.
El legislador planteó que el Congreso participe en la discusión presupuestal para identificar las necesidades de la Consejería y garantizar que la reforma de justicia cívica pueda llevarse a la práctica, y solicitó información sobre las acciones para atender a las poblaciones callejeras, particularmente en materia de identidad e identificación.
Por el PAN, Mario Enrique Sánchez Flores reconoció la labor de la defensoría a favor de quienes no pueden pagar un abogado, pero pidió mayor claridad sobre sus responsabilidades y expuso preocupaciones vecinales relacionadas con la construcción de la Línea 5 del Cablebús.
En tanto, la diputada del PVEM Yolanda García Ortega señaló que una defensa institucional accesible puede contribuir a proteger el patrimonio familiar y reducir desigualdades; también destacó la importancia de fortalecer la justicia cívica preventiva y de proximidad para resolver conflictos comunitarios.
Desde el PT, Jannete Guerrero Maya planteó que el acceso a la justicia debe traducirse en beneficios concretos, con garantías de identidad jurídica, certeza patrimonial y atención sin discriminación.
Los posicionamientos también incluyeron llamados a modernizar el Registro Público de la Propiedad para prevenir el despojo, descentralizar los programas de atención ciudadana y reforzar la atención a mujeres y sectores vulnerables.