El Congreso de la Ciudad de México abrió la discusión sobre el derecho a decidir al final de la vida, con la realización del primero de tres foros en los que legisladores, autoridades, especialistas, organizaciones civiles y pacientes analizarán las propuestas para establecer un marco jurídico sobre muerte digna y asistencia médica para morir.
Durante el encuentro, representantes de colectivos y personas que enfrentan enfermedades graves llamaron a avanzar en la regulación del tema y evitar que la discusión se prolongue, al señalar que para algunos pacientes la posibilidad de decidir sobre el final de su vida está condicionada por el tiempo y el sufrimiento que atraviesan.
Samara Alejandra Martínez Montaño, paciente y activista promotora de la denominada Ley Trasciende, advirtió que la discusión legislativa no puede aplazarse indefinidamente, pues hay personas que mueren sin tener la posibilidad de decidir sobre las circunstancias del final de su vida.
“Muchos pacientes no tenemos todo el tiempo... entre más tiempo pasa, hay personas que mueren todos los días sin poder tomar esa decisión”, expresó.
La activista sostuvo que la dignidad de una persona no debería depender de cuánto dolor es capaz de soportar y pidió considerar las necesidades de quienes viven con padecimientos graves.
Aurélien Guilabert, coordinador de coaliciones de la Coalición Muerte Digna, solicitó a los legisladores establecer compromisos concretos y un calendario público de trabajo para dictaminar y votar las iniciativas. Aseguró que, de acuerdo con datos que presentó durante el foro, 86 por ciento de los habitantes de la capital respalda la asistencia médica para morir.
El representante de Libertad para Morir, Pedro Morales, informó que la iniciativa ciudadana para crear una Ley de Asistencia Médica superó los 20 mil apoyos.
Durante el encuentro, Asunción Álvarez del Río, presidenta de esa organización, aclaró que los cuidados paliativos y la asistencia médica para morir no son alternativas opuestas, sino herramientas complementarias para atender el sufrimiento de las personas.
Titular de Salud considera que es momento de abrir debate
La discusión legislativa fue respaldada por la secretaria de Salud Pública capitalina, Nadine Gasman, quien manifestó el compromiso de aportar la experiencia del sistema de salud en materia de atención médica y bioética, así como trabajar de manera coordinada con el Congreso para preparar los servicios públicos ante las decisiones que pudieran derivarse de una eventual regulación.
La funcionaria consideró que es momento de abrir un debate amplio sobre la eutanasia y construir acuerdos para avanzar en el reconocimiento del derecho a una muerte digna.
La presidenta de la Comisión de Salud, Valeria Cruz Flores, anunció que inicialmente se tienen previstos tres foros temáticos, en los que participarán personas con enfermedades graves o crónico-degenerativas, personal médico, especialistas, autoridades y organizaciones civiles.
Aseguró que el Congreso asumió la responsabilidad de escuchar a los distintos sectores y trabajar en las propuestas legislativas.
Discusión compleja
En su intervención, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, reconoció que se trata de una de las discusiones más complejas y que no será sencillo armonizar las distintas reformas a los ordenamientos jurídicos involucrados.
“Esta ciudad de vanguardia, esta ciudad de derechos, hemos postergado la discusión... este es el momento de que se abra la escucha, el diálogo entre todas y entre todos”, señaló. Adelantó que los foros también se llevarán a universidades y espacios públicos.
El diputado morenista Ángel Tamariz consideró que el inicio de estos encuentros representa un paso para que la exigencia de una muerte digna se convierta en ley y aseguró que todas las voces tendrán cabida en el proceso.
Durante el debate también participaron representantes de organismos de derechos humanos y atención a grupos prioritarios; dolores González Sarabia, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señaló que el final de la vida no es únicamente un asunto clínico, sino que involucra la autonomía y la capacidad de las personas para decidir sobre su propio cuerpo.
Ruth Francisca López Gutiérrez, titular del Instituto de las Personas con Discapacidad, pidió que la discusión reconozca la capacidad jurídica y la voluntad de este sector, mientras que Guadalupe Licibeth Gutiérrez Salazar, del Instituto para el Envejecimiento Digno, advirtió que necesitar cuidados por el envejecimiento no significa renunciar a la autonomía.
La iniciativa para legislar sobre el derecho a decidir al final de la vida será analizada en los siguientes encuentros, cuyas conclusiones servirán como insumo para el trabajo legislativo.