El G9 de la Ciudad de México planteó modificar la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y que se analiza actualmente, ello, con el fin de permitir que propietarios e inquilinos acuerden libremente el monto de la renta inicial cuando se firme un contrato con una persona arrendataria distinta.
Las asociaciones que integran este grupo, que reúne a las principales cámaras y asociaciones empresariales, así como sectoriales de la capital, señaló que el límite anual de incremento conforme a la inflación debe mantenerse durante toda la relación de arrendamiento y sus renovaciones con el mismo inquilino.
Sin embargo, consideraron que, cuando termine ese contrato y se celebre uno nuevo con otra persona, ambas partes deben tener libertad para negociar el monto inicial de la renta. A partir de ese acuerdo, volvería a aplicarse el límite anual de incremento.
El G9 argumentó que mantener una renta pactada bajo circunstancias particulares como referencia para contratos posteriores podría reducir los incentivos de los propietarios para conservar, mejorar y ofrecer sus viviendas en alquiler.
Aunque reconocieron la importancia de prevenir incrementos desproporcionados y brindar estabilidad a las familias que rentan, señalaron que la regulación también debe favorecer la conservación y generación de vivienda en arrendamiento, así como ampliar las opciones disponibles para quienes buscan un hogar.
Presentarán propuestas para registro de contratos
Las organizaciones también adelantaron que presentarán propuestas relacionadas con el Registro Digital de contratos, la efectividad de las garantías y el funcionamiento imparcial de la Defensoría, con el propósito de fortalecer la certeza jurídica entre propietarios e inquilinos.
Asimismo, reconocieron la apertura al diálogo del Gobierno capitalino y agradecieron al Congreso de la Ciudad de México los espacios de participación habilitados mediante el Parlamento Abierto para discutir la iniciativa.
Finalmente, el G9 reiteró su disposición a continuar participando en el proceso legislativo con propuestas para construir una regulación que proteja a las personas arrendatarias sin desincentivar la oferta de vivienda en renta en la capital.
El posicionamiento del G9 se suma a las observaciones que han surgido durante la discusión de la iniciativa; el pasado 28 de octubre, el PVEM en el Congreso local condicionó su respaldo a que se modifiquen nueve aspectos del proyecto, entre ellos los límites a los aumentos de renta, el registro y validez de los contratos, los depósitos y garantías, las prórrogas y la definición del arrendamiento.