La creación del Gabinete de Desalojos, contemplado en la propuesta de Ley de Rentas Justas, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, podría generar incertidumbre jurídica y dificultar que los propietarios recuperen sus inmuebles, incluso cuando cuenten con una sentencia judicial a su favor, así lo advirtió la bancada local del PAN.
El vicecoordinador del grupo parlamentario, Diego Garrido, cuestionó que el mecanismo, presentado como una instancia de acompañamiento social, mediación y atención a personas en situación de vulnerabilidad, no establezca límites claros sobre los casos en los que podría intervenir.
En particular, señaló que la propuesta no distingue suficientemente entre las familias que enfrentan dificultades para pagar la renta y las personas que ocupan ilegalmente una propiedad, por lo que consideró que ambas situaciones no deberían recibir el mismo tratamiento.
Garrido sostuvo que la intervención del Gobierno no debe retrasar el cumplimiento de las resoluciones judiciales ni impedir que los propietarios recuperen sus inmuebles después de un proceso legal.
También cuestionó que la iniciativa no contemple mecanismos de compensación económica para los dueños cuando la intervención gubernamental prolongue la ocupación de sus propiedades.
El panista advirtió que esta medida podría desincentivar el arrendamiento de vivienda, debido a que algunos propietarios podrían optar por mantener sus inmuebles desocupados ante la incertidumbre sobre la posibilidad de recuperarlos en caso de incumplimiento de pago.
Como parte de sus argumentos, el diputado mencionó que en la Ciudad de México existen alrededor de 39 mil carpetas de investigación por el delito de despojo, por lo que consideró necesario establecer límites a la intervención del nuevo mecanismo.
“No es lo mismo una familia que enfrenta dificultades para pagar su renta que una persona que se apodera ilegalmente de una propiedad. Morena pretende meterlos en el mismo esquema de protección, sin establecer límites suficientemente claros”, señaló.
Recordó que experiencias internacionales, como las políticas de protección a ocupantes ilegales en España, han generado un intenso debate sobre los efectos de prolongar la recuperación de inmuebles ocupados, particularmente por la incertidumbre jurídica que enfrentan los propietarios.
Finalmente, Garrido afirmó que la creación del Gabinete de Desalojos no resuelve el problema de la vivienda, sino que puede ahuyentar la inversión, reducir la oferta de inmuebles en renta, invadir competencias y entorpecer la ejecución de sentencias.
“Defender el derecho a la vivienda no significa desconocer el derecho a la propiedad privada. Defender tu propiedad también significa defender tu derecho a que una sentencia judicial se cumpla. Tu patrimonio merece justicia, no más obstáculos del Gobierno de Morena”, concluyó.