
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año a Martín Borrego Llorente, exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de determinar que aprovechó su posición para solicitar el uso del Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (MUNAL) con el argumento de realizar un evento oficial, cuando en realidad el espacio fue utilizado para celebrar una recepción de carácter personal por su boda.
De acuerdo con la resolución de la dependencia, en 2024 Borrego gestionó la autorización para utilizar las instalaciones del recinto cultural bajo una justificación institucional, aunque el encuentro no correspondía a una actividad oficial. La celebración se llevó a cabo el 4 de octubre de ese año y reunió a cerca de 70 invitados, entre ellos la entonces canciller Alicia Bárcena.
El caso se dio a conocer en diciembre de 2024, después de que una publicación periodística revelara que la recepción había sido presentada como un acto diplomático por el aniversario 89 del establecimiento de relaciones entre México y Rumania.
Tras la difusión de los hechos, Borrego renunció a su puesto como coordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En ese momento reconoció que su actuación no había sido adecuada para un servidor público ni correspondía a la confianza que se le había otorgado.
El exfuncionario defendió entonces que el evento se había realizado conforme a los protocolos del museo y aseguró que no se emplearon recursos públicos. También explicó que su matrimonio había ocurrido un mes antes de la recepción, motivo por el que algunos asistentes aprovecharon el encuentro para felicitarlo.
Por su parte, Alicia Bárcena señaló que la Cancillería no había autorizado ni recibido información sobre la solicitud presentada por Borrego y pidió su renuncia inmediata. La SRE también informó que su Órgano Interno de Control abriría una investigación para esclarecer lo ocurrido.
La sanción contra el exfuncionario forma parte de las acciones reportadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que informó haber sancionado a 82 personas servidoras públicas, un particular y una empresa, mediante destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas que suman 175 millones de pesos.