En la Unidad Habitacional de Calzada de la Viga 901 de la colonia Barrio de Santiago Sur, de la alcaldía Iztacalco, la administración que rige los edificios taló más de 27 árboles Fresnos de 45 años de antigüedad, sin algún permiso emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema). Según los habitantes, la dirigencia del condominio creó un “cártel de la tala” y aseguran que la administración del alcalde, Armando Quintero, solapó y autorizó; sin embargo, tanto la demarcación, como la gestión de la unidad, se han negado a transparentar las supuestas autorizaciones, sin que las pocas dependencias que sí tienen facultad para aprobar la poda, derribo o trasplante, lo hayan acreditado o estén dispuestas a sancionarlo.

A pesar de que en la Ciudad de México, ninguna alcaldía puede emitir una licencia para despojar la naturaleza, de cualquier tipo, en vialidades públicas, los administradores, Rogelio Edgar Coss y León Orihuela dieron la orden del derribo de los árboles; con el único pretexto de que los troncos habían realizado graves daños a las tuberías y a los drenajes. Sin embargo, no existe alguna fotografía o estudio fitosanitario — análisis sanidad o salud de la planta que permite identificar enfermedades y otros problemas en el suelo o en las plantas, desde las hojas hasta la raíz y los frutos — que compruebe que las raíces quebraron las tuberías o rompieron algunas banquetas o vialidades, no obstante, los trabajos de derribo continuaron.

Cuando un grupo de vecinos solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que detuvieran los trabajos, la administración les mostró autorizaciones aparentemente emitidas por la jefa de Unidad Departamental de Ecología de Iztacalco, Aynet García Barajas, sin embargo, se exigía que los 26 troncos tenían que estar secos, aunque no se contempló un estudio de impacto ambiental donde se exprese la necesidad del derribo, o encuesta vecinal, así como las compensaciones de dichas pérdidas.

No existen estudios que justifiquen el retiro

La Sedema establece que las alcaldías pueden emitir esas licencias de tala, solamente si hay árboles poniendo en riesgo la infraestructura o a las personas, hecho que no sucedió ni fue justificado.

Además, la hoja simple del supuesto permiso, no anexa los estudios de los daños que esas plantas podrían causar, sumado a que la fecha en la que fue emitido, 90 días después al 28 de julio del 2021, no fueron respetados, ya que la tala comenzó hasta febrero del 2022.

Además, se habría incumplido la norma ambiental NADF-001-RNAT-2015, la cual establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas, morales, en general, de carácter público o privado, autoridades en general y todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restauración de árboles.

“Me acerqué a pedirle el permiso de tala a Edgar Rogelio Coss y me lo negó, después me encontraron en la explanada entre el edificio E y el K, me llamó la presidenta del comité de vigilancia, Juana Ernestina Flores y le dije que me los prestara, no quiso que los tocara, aunque quedaron de tomarle fotos y enviármelos. Luego le fui a pagar la vigilancia y solamente me enseñó los permisos por la ventana y vi que estaban vencidos desde un año atrás, me dijo que se equivocaron en la alcaldía, a partir de ahí vinieron las amenazas”, relató una de las habitantes de identidad protegida.

A pesar de los reclamos, la tala comenzó y se derribaron los árboles que se consideraban dañinos para la unidad habitacional, en ese momento, varios de los habitantes trataron de detener el trabajo, aunque las motosierras y la caída de grandes troncos fueron más fuertes que su enojo. Durante el tiempo en el que duraron las labores de despojo, las tuberías. En ese lapso de tiempo, el administrador reportó un gasto de 148 mil 200 pesos (solventados por las cuotas recaudadas) durante los ocho meses que duraron los trabajos.

Negaron el acceso a las autoridades

Hacia ello, los inconformes denunciaron el ecocidio en la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana y le solicitaron a la bióloga García Barajas, que revisara los árboles presuntamente secos que había autorizado talar, pues éstos aún se encontraban con vida, lo que se puede comprobar en las fotografías tomadas en ese momento.

Una vez iniciada la tala, Rogelio Coss mencionó que aún faltaban 17 árboles más y que con un permiso ampliado, el cual se negó a mostrar a los vecinos, podía continuar con su proyecto, aunado a que la Procuraduría Social (PROSOC) lo ayudaría a reforestar la unidad, promesa que nunca se realizó ni fue publicada en un documento oficial.

Cuando personal de la alcaldía acudió a verificar la tala, admitieron que varios de los árboles permanecían con vida y no tenían el permiso para ser talados, por lo que los no autorizados, aunque ya cortados, fueron marcados con X roja. Sin embargo, no existió la aplicación de la sanción que establece el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal establece que se impondrán de dos años a 10 años de prisión y de mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente, a quien de forma ilegal o con dolo derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles.

Igualmente, cuando personal de la Policía de Investigación (PDI) ingresó a la unidad para verificar el presunto ecocidio, Coss y Juana Flores intentaron negarle el acceso, a pesar de contar con la orden para revisar los árboles. “Vengo a hacer una diligencia respecto a todos los árboles que han talado”, dijo el perito; sin embargo, Coss le cuestionaba la veracidad de su cargo; “si es autoridad enséñelo, tienes la obligación”, se observa en el video.

Posterior a la inspección, la carpeta de investigación se detuvo y al mismo tiempo, fue difundido entre los vecinos un comunicado en el que se aseguraba que en una reunión privada con Quintero, la alcaldía resolvería la denuncia, ya que el condominio no tendría la cantidad de dos millones 51 mil pesos, multa a de la que sería acreedora la administración por la tala ilegal.

Crónica acudió al lugar para realizar una inspección del campo, esto con autorización de una de las habitantes; sin embargo, a los pocos minutos, el personal de seguridad (civiles sin identificación de policía privada ni registro de seguridad) pidieron el retiro, bajo la condición de que Juana Erestina, se había quejado de actitudes sospechosas. Los sujetos exigieron la muestra de identificación para fotografiarla, sin facultades para ello.

Madera es trasladada durante la noche

Al continuar la lucha para detener el ecocidio, los vecinos inconformes enviaron quejas a la Sedema, institución que se limitó a responder que no había un delito qué perseguir, a pesar de los delitos mencionados. Además, un exhorto al Congreso de la Ciudad de México para que la diputada Karen Castrejón Trujillo, entonces presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detuviera a la administración.

Dada la libertad que tenía la administración del edificio, la madera que se derivó de la tala fue distribuida por una camioneta sin rótulos, hacia un destino desconocido, fotografías que exhiben que los troncos se encuentran en buen estado, sin embargo, aunque la Ley afirma que todos los árboles talados deben de ser sustituidos, además de transparentar el destino de la madera para evitar su venta clandestina, esa obligación nunca fue declarada ante los vecinos. Asimismo, los trabajos de traslado de la madera se realizaban durante la noche, en un vehículo con placas del Estado de México.

Al día de hoy, los troncos cortados que aún permanecen en la unidad, se niegan a morir, aunque ya no tienen hojas ni ramas, de los cortos árboles comienzan a nacer pequeñas hojas, lo que demostraría que en ningún momento representación un peligro para los habitantes o la red hidráulica.