Luego de la detención del Fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, el presidente de la comisión de puntos constitucionales del Congreso de Morelos, Eliasib Polanco Saldivar, exigió al gobierno federal esclarecer los delitos que se le imputan al funcionario estatal pues acusó una eventual violación al estado de derecho y a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se condicionaba cualquier acción legal en su contra a que primero se le sometieron a un proceso de desafuero.

En julio pasado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, no puede ser procesado por la presunta comisión de delitos federales sin antes pasar por un juicio de procedencia, debido a que cuenta con inmunidad o fuero constitucional.

Sin embargo, la Presidencia de la República expresó su rechazo a esa resolución y estableció que no aceptaba “que impere la protección y la impunidad de las autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad y la protección de las y los ciudadanos”.

“Si el Gobierno Federal no esclarece las determinaciones que llevaron a la movilización en contra del Fiscal General, se estaría cayendo en un desacato judicial de magnitudes nunca antes vistas”, enfatizó el legislador morelense.

Recalcó que dado los acontecimientos de hoy en Morelos, “se ha llegado a un escenario inimaginable” donde se violentó el estado de derecho al desacatar la resolución de la Corte.

"Si el presidente (Andrés Manuel López Obrador) avaló esta acción, una vez más demuestra que no respeta ni respetará sentencias emitidas por la SCJN, y que en México se está perdiendo el Estado de derecho", puntualizó Polanco Saldivar.

Previo a su detención, el fiscal el fiscal aseguró desconocer el motivo del operativo, y responsabilizó al presidente López Obrador, la ex Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, al ex subsecretario de gobernación Rabindranath Salazar Solorio y al gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de cualquier acontecimiento que pudiera afectarlo así como y a su familia.

En diciembre de 2020, la FGR pidió desaforar al fiscal y que le fuera retirado el cargo con el argumento que no cumplió con el requisito de pasar los filtros de evaluación de confianza. La Cámara de Diputados analizó la petición y resolvió que los fiscales locales no contaban con fuero constitucional, por lo que se podía proceder contra Carmona Gándara.

El Congreso estatal reviró y promovió una controversia constitucional, lo que ha permitió al fiscal permanecer en el puesto hasta este viernes que fue detenido.

Esa controversia fue resuelta por la primera sala de la Corte donde señaló que los fiscales estatales sí cuentan con esa protección constitucional, por lo que para ser sometido a proceso judicial primero la Cámara de Diputados tiene que realizar un juicio de procedencia.