Tal parece que las horas de Nicolás Maduro ya están contadas y una sentencia por crimen organizado está cerca. Al menos así lo han señalado las autoridades estadounidenses a partir de la detención del aún mandatario venezolano. Junto a él, su esposa Cilia Flores, enfrentan cargos formales en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que, de concretarse, marcarían un punto sin precedentes en las relaciones internacionales y en la lucha global contra el narcotráfico.
La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que ambos han sido acusados por múltiples delitos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra contra territorio estadounidense. Los cargos, presentados en el Distrito Sur de Nueva York, reflejan décadas de investigación de agencias como el Departamento de Justicia y la DEA con base en investigaciones iniciadas formalmente en 2020.
Esta serie de acusaciones no se tratan de un caso aislado o fortuito, ya que tienen un contexto más profundo que se remontan a desde principios de la década pasada. Específicamente, desde 2020, año en el que las autoridades estadounidenses acusaron a Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos de liderar y proteger una estructura criminal conocida como el “Cartel de los Soles”, supuestamente dedicada a exportar enormes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense y coordinar con grupos como las FARC de Colombia.
Tales operaciones no eran simples actividades de contrabando, sino una red de funcionarios nacionales y narcotraficantes que aprovecharon instituciones estatales, rutas legales y militares para movilizar droga, socavar la seguridad y, según los fiscales, “utilizar el narcotráfico como arma contra Estados Unidos”.
Para muchos venezolanos, la figura de Maduro representa un líder que ha estado en el poder desde 2013, con un país profundamente dividido y en crisis económica, social y humanitaria. No obstante, para otra fracción, representa la liberación de un pueblo que combatía el flagelo de una dictadura.
Los vínculos de Maduro con los cárteles mexicanos
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York también señala en esta declaratoria que desde 1999, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín se habrían vinculado con grupos “terroristas” y de narcotráfico, tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN); Cartel de Sinaloa; Los Zetas y el Tren de Aragua.
Las acusaciones señalar que los personajes antes señalados habrían establecido alianzas internacionales, con el fin de perpetrar una red de tráfico de drogas a nivel internacional, pero específicamente hacia los Estados Unidos.
El documento acusa a Ramón Rodríguez Chacín de incubar una escuela de entrenamiento especializado con miembros de las FARC, quienes contribuyeron al fortalecimiento de esta red criminal en Venezuela. A cambio de ello, Chacín habría aceptado sobornos millonarios para encubrir estas acciones a cambio de fungir como un escudo protector para los cabecillas de estas células del narco.
Otro punto a destacar es que el Tribunal apunta que en 2011, el Cártel de Sinaloa, liderado por Iván Archivaldo Guzmán, más conocido como “El Chapo”, financió laboratorios de cocaína en Colombia. El estupefaciente era transportado desde este país bajo la protección de las FARC hacia Venezuela. Más tarde, con la llegada a la presidencia en septiembre ce 2013, Maduro comenzaría una red internacional de narcotráfico con alcances sin presedentes.
Aunque la acusación está formalizada y la captura de Maduro —según reportes— ha sido ejecutada por fuerzas estadounidenses en Venezuela, el proceso legal apenas comienza en Nueva York. Si Maduro y Flores llegan a juicio en suelo estadounidense, como lo anunció la fiscal Bondi, enfrentarán un sistema con reglas estrictas de evidencia, derechos procesales y décadas de jurisprudencia contra crimen organizado.
Las penas posibles incluyen entre 20 años y cadena perpetua, dependiendo de la gravedad de los cargos y de los argumentos que presenten las defensas y las fiscalías. Ningún otro jefe de Estado en funciones ha enfrentado, hasta ahora, una acusación de esta magnitud en los tribunales estadounidenses.