El 7 de enero de 2026, el presidente Donald J. Trump emitió un memorándum presidencial mediante el cual ordenó a Estados Unidos retirarse y cesar su financiamiento y participación en una amplia gama de organizaciones internacionales, convenciones y organismos de las Naciones Unidas considerados “contrarios a los intereses de Estados Unidos”. Más que una decisión aislada de política exterior, este acto debe leerse como parte de una ruptura más amplia del orden internacional contemporáneo, una fractura en los supuestos que durante décadas sostuvieron la cooperación multilateral.
Como señaló Mark Carney en su reciente discurso en Davos, no estamos viviendo una transición incremental en las reglas del sistema internacional, sino una fractura profunda en los supuestos que lo han sostenido durante décadas. El retiro de Estados Unidos de la arquitectura multilateral refleja precisamente ese quiebre: el abandono explícito de la ficción funcional del “orden internacional basado en reglas”, un sistema imperfecto pero predecible que permitió a muchos países —especialmente a las potencias medias— articular políticas de desarrollo y de derechos bajo un paraguas de estabilidad institucional.
El alcance de la decisión estadounidense es históricamente significativo. Abarca ámbitos tan diversos como la gobernanza climática, el desarrollo, la igualdad de género, el comercio, la migración, la asistencia a la democracia y la arquitectura económica y social central del sistema de Naciones Unidas. En conjunto, estas salidas no solo debilitan instituciones específicas, sino que ponen en cuestión la propia lógica de la cooperación multilateral como mecanismo de solución colectiva de problemas.
En los términos de Carney, el problema no es únicamente que las reglas se apliquen de manera asimétrica o que los beneficios de la integración hayan sido desiguales —algo que siempre fue conocido—, sino que la integración misma ha comenzado a utilizarse como un instrumento de coerción. Cuando el comercio, las finanzas, las cadenas de suministro y las instituciones multilaterales dejan de ser fuentes de previsibilidad y se convierten en herramientas de presión, la base normativa del sistema se desmorona. El memorándum del 7 de enero no inaugura esta ruptura, pero sí la formaliza: marca el paso de un orden sostenido por instituciones imperfectas hacia un escenario dominado por la discrecionalidad, la instrumentalización del poder y la erosión de los marcos colectivos que habían servido —con todas sus limitaciones— como garantía mínima para el desarrollo y los derechos.
Si bien buena parte del debate público se ha centrado en el simbolismo geopolítico del retiro o en los argumentos fiscales sobre la distribución de cargas, el cambio más profundo se encuentra en la manera en que esta decisión reconfigura los fundamentos de la gobernanza global del desarrollo. Lo que está en juego no es únicamente la pertenencia a foros internacionales, sino la erosión de lo que puede entenderse como una garantía del desarrollo y el abandono gradual de un enfoque de derechos en la gobernanza global.
La garantía del desarrollo no implica la promesa de resultados concretos. Más bien, ofrece continuidad, previsibilidad y memoria institucional a lo largo de los ciclos políticos. Durante décadas, organismos multilaterales como el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe han funcionado como mecanismos de estabilidad dentro de un sistema internacional inherentemente volátil. Estas instituciones han permitido que las prioridades de desarrollo, los estándares de medición y los debates de política pública no se reinicien con cada cambio electoral en los principales países donantes. Su valor no radica en retornos inmediatos, sino en su capacidad para anclar compromisos de largo plazo y ofrecer a los Estados con menor poder relativo y a la sociedad civil espacios predecibles desde los cuales disputar y negociar asimetrías de poder.
El retiro de Estados Unidos de estos espacios debilita dicha garantía. Cuando uno de los principales financiadores y actores con capacidad de agenda abandona el sistema, no solo se pierden recursos, sino también confiabilidad institucional. El desarrollo se vuelve menos predecible y más contingente, crecientemente determinado por la discrecionalidad bilateral en lugar de compromisos compartidos. Este giro resulta especialmente problemático para los enfoques de desarrollo basados en derechos, los cuales dependen de normas estables, mecanismos de monitoreo y formas institucionalizadas de rendición de cuentas.
Un enfoque de derechos concibe el acceso a la educación, la salud, la vivienda, la igualdad de género, la protección ambiental y la participación política como derechos y no como concesiones. Estos derechos no se sostienen únicamente en la buena voluntad, sino en sistemas multilaterales que articulan normas, producen datos comparables y generan espacios donde las violaciones pueden ser señaladas y debatidas. Instituciones como Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y otros organismos de desarrollo y democracia incluidos en este retiro han sido centrales para traducir derechos abstractos en estándares operativos. Al retirarse de estos espacios, las reclamaciones de derechos se debilitan, se fragmentan y dependen cada vez más de las prioridades coyunturales de los donantes.
La justificación del retiro suele presentarse en términos de retorno sobre la inversión. Desde esta perspectiva, las instituciones multilaterales son evaluadas como centros de costo más que como proveedoras de bienes públicos globales. Sin embargo, el desarrollo, la estabilidad climática, la gobernanza democrática y la igualdad de género no generan beneficios que puedan medirse fácilmente en horizontes fiscales de corto plazo. Su valor reside en la reducción de riesgos, la prevención de crisis y la construcción de capacidades institucionales a largo plazo. Reencuadrar la gobernanza del desarrollo bajo una lógica estrecha de retorno económico transforma los derechos en beneficios condicionales y desplaza el sistema de la prevención hacia la reacción. Esto no representa eficiencia, sino fragilidad institucional.
Las consecuencias de este retiro trascienden a Estados Unidos. La gobernanza global no desaparece cuando un actor se retira; se reconfigura. Las normas continuarán definiéndose, los estándares seguirán estableciéndose y las prioridades de desarrollo evolucionarán. La diferencia es que estos procesos ocurrirán cada vez más sin la participación, la influencia o los contrapesos de Estados Unidos. En este vacío, otros actores moldearán las agendas, la sociedad civil operará con menor respaldo internacional y la coordinación del desarrollo se volverá más fragmentada y politizada.
En un plano más profundo, el memorándum señala una transición desde un multilateralismo basado en reglas hacia un modelo de participación discrecional. El desarrollo deja de concebirse como una obligación compartida y pasa a ser un instrumento estratégico selectivo. Los derechos dejan de ser compromisos institucionalizados y se transforman en resultados negociables. Para comunidades, organizaciones y actores del Sur Global, esta transición incrementa la incertidumbre y la vulnerabilidad. El desarrollo se vuelve menos predecible, menos disputable y más dependiente de relaciones de poder bilaterales.
Incluso las instituciones que no fueron directamente afectadas por el retiro permanecen expuestas a sus efectos. Fundaciones de desarrollo independientes, fondos regionales y organizaciones de la sociedad civil dependen del ecosistema multilateral más amplio para obtener legitimidad, coordinación y protección. A medida que dicho ecosistema se debilita, el espacio para el desarrollo basado en derechos se estrecha.
Este momento no marca el fin de la gobernanza global. Marca una redefinición de sus términos. La pregunta central hacia adelante no es si el desarrollo y la gobernanza continuarán —porque lo harán—, sino bajo qué reglas, con qué estándares y si los derechos permanecerán anclados en instituciones o quedarán sujetos a la discrecionalidad.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, CDMX
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
La autora es profesora-investigadora del Departamento de Economía