Cuba comenzó a permitir que sus ciudadanos que viven en el extranjero inviertan en la isla, tras la entrada en vigor de una nueva normativa que busca atraer capital en medio de una crisis económica profunda y presiones externas.
El cambio quedó establecido con el Decreto-Ley 117, publicado en la Gaceta Oficial, que reconoce la figura de “inversores y de negocios” para cubanos residentes fuera del país. Con esto, el gobierno pretende facilitar la participación de la diáspora, especialmente de quienes viven en Estados Unidos, en proyectos económicos dentro de la isla.
La medida forma parte de una serie de ajustes que ya se habían adelantado desde 2024 y que el propio ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, había señalado como clave para reactivar sectores estratégicos. Entre ellos destacan el turismo, la energía, la minería y proyectos de infraestructura.
De acuerdo con autoridades del Ministerio del Interior, los cubanos que obtengan esta nueva condición tendrán los mismos derechos que quienes residen de forma permanente en el país. Además, podrán invertir directamente sin necesidad de intermediarios, algo que antes limitaba la participación de capital externo proveniente de la propia comunidad cubana.
Para acceder a este esquema, los interesados deberán gestionar su solicitud en consulados y demostrar que cuentan con un proyecto aprobado o vínculo con alguna entidad económica dentro de Cuba.
Paralelamente, el gobierno trabaja en nuevas reglas para dar certeza legal a quienes decidan participar en estas inversiones.
La normativa también modifica conceptos migratorios. Desaparece la figura de “emigrado”, que se aplicaba a quienes permanecían más de dos años fuera del país, y se introduce la llamada Residencia Efectiva Migratoria, que reconoce como residentes a quienes permanezcan más de 180 días al año en la isla o acrediten vínculos familiares, laborales o económicos.
Además, algunos cambios contemplados en la Ley de Migración entrarán en vigor en los próximos 180 días, incluyendo la posibilidad de que los cubanos en el exterior mantengan propiedades en el país, aun cuando vivan fuera por largos periodos.
El gobierno cubano apuesta a que esta apertura ayude a fortalecer los vínculos económicos con una diáspora que ronda los tres millones de personas, cuyo papel ha sido clave por las remesas y su influencia en la relación bilateral con Estados Unidos.
Este movimiento ocurre en un contexto de creciente tensión con Washington. Desde inicios de año, Estados Unidos ha presionado para que Cuba implemente reformas económicas y políticas, mientras endurece las sanciones.
Entre las medidas más recientes se encuentra un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis energética en la isla, afectando al sector estatal y extendiendo los apagones.
A esto se suma una orden ejecutiva aprobada el 1 de mayo, que amplía las sanciones a empresas y personas, incluso fuera de Estados Unidos, que mantengan relaciones comerciales con Cuba en sectores clave como energía, defensa y finanzas.
En medio de este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump ha elevado el tono en sus declaraciones e incluso ha mencionado la posibilidad de intervenir en la isla, lo que añade presión a un contexto ya complicado para el gobierno cubano.
La apertura a la inversión de sus ciudadanos en el exterior aparece así como una de las principales apuestas de La Habana para enfrentar la falta de financiamiento y tratar de reactivar su economía sin depender de organismos internacionales.