El fantasma de la secesión sobrevuela de nuevo Canadá, pero esta vez no es Quebec, la única provincia que ha celebrado dos referéndums de independencia, en 1980 y 1998, y que sus impulsores perdieron en ambos casos por un puñado de votos. En el caso actual es la provincia de Alberta, la más rica por concentrar el 70% del petróleo y gas del segundo país más grande del mundo, pero también la de mayor sentimiento de desagravio por el trato desigual que recibe del gobierno de Ottawa, según denuncian los líderes separatistas.
A diferencia de Quebec —la única provincia francófona y cuyo pasado colonial no tenía su capital en Londres, sino en París—, Alberta comparte con el resto del país (y con el vecino Estados Unidos) el idioma inglés y un pasado que lo liga a las colonias británicas, por lo que el auge del separatismo en esta provincia, fronteriza con Montana y de voto conservador, no es tanto por singularidad cultural, sino por una cuestión puramente económica: sus impulsores consideran que Alberta, que es contribuyente neto en materia fiscal, aporta demasiado a las arcas estatales, beneficiando a las provincias receptoras de fondos de solidaridad, y recibe poco a cambio: “Ottawa is robbing us”, denuncian, copiando el mismo lema populista de otros movimientos separatistas, como el catalán en España (“Madrid ens roba”) o el escocés en Reino Unido (“London steals our oil”), en alusión al petróleo bajo aguas escocesas.
¿Cómo surgió el movimiento separatista?
Los primeros conatos separatistas fueron muy marginales y surgieron en paralelo al hallazgo de grandes yacimientos de petróleo y gas en los años 70, provocando una fuerte inmigración interna, hasta superar este año los cinco millones de habitantes, concentrados principalmente en su capital, Edmonton (1.2 millones) y la mayor ciudad y capital energética, Calgary (1.6 millones), que se hizo globalmente conocida por acoger los Juegos Olímpicos de Invierno 1988.
Pero, ¿qué factores confluyeron hace cinco años para que los promotores del separatismo lograran en tiempo récord 320 mil firmas para forzar la convocatoria de una consulta en octubre sobre si los habitantes de Alberta apoyan la celebración de un referéndum de independencia, este sí vinculante?
Cuatro factores desencadenantes
El primer factor fue el desgaste del gobierno del liberal Justin Trudeau, quien llegó al poder en 2015, y sus políticas de reparto solidario fiscal, que el gobierno provincial consideró entonces una afrenta que va contra los intereses de los albertanos.
El segundo ocurrió cuando Trudeau ya llevaba dos años de primer ministro de Canadá, con la victoria electoral del republicano Donald Trump, prometiendo lo contrario a los estadounidenses: un fuerte alivio fiscal y menos impuestos.Tras su regreso al poder en 2025, Trump se jactó en varias ocasiones de que Canadá sería el estado 51 de EU, mientras chantajeaba a Ottawa con aranceles, si este imponía un embargo del petróleo de Alberta, como llegó a amenazar el gobierno canadiense, en respuesta a los aranceles de su socio del T-MEC.
El tercer factor que incubó el descontento separatista en Alberta fue el estallido de la pandemia y el duro confinamiento impuesto por Ottawa a nivel nacional, muy criticado en provincias de voto conservador y libertario, encabezados precisamente por Alberta.
Finalmente, el cuarto factor desencadenante fueron las maniobras injerencistas de Trump, quien, en cuanto olió a petróleo, envió emisarios de su gobierno a Alberta para reunirse en secreto con los líderes separatistas y permitió otra reunión en Washington para sondear sobre una posible anexión de la provincia, para convertirla en el estado 51 de EU.
A raíz de estas reuniones, en la primavera de 2025 el empresario Mitch Sylvestre, director de la organización “Stay Free Alberta”, anunció la recogida de firmas para alcanzar la cifra de 178 mil, como exige el organismo electoral provincial.
El pasado 5 de mayo, Sylvestre se presentó en las oficinas de Elections Alberta, en Edmonton, con 320 mil firmas en apoyo a la celebración del referéndum, por lo que pidió públicamente al gobierno provincial que convocara el plebiscito.
“¿Debería seguir siendo Alberta una provincia de Canadá?”
El 21 de mayo, la primera ministra provincial, Danielle Smith, anunció que convocaba el referéndum para el 19 de octubre y que la pregunta que se les planteará a los albertanos será: “¿Debería Alberta seguir siendo una provincia de Canadá o debería el Gobierno de Alberta iniciar el proceso legal requerido por la Constitución canadiense para celebrar un referéndum provincial vinculante sobre si Alberta debe separarse o no de Canadá?”.
Aunque la primera ministra pertenece a un partido provincial conservador, que exige mayor autonomía y en su estatuto no se opone a un eventual referéndum separatista, Danielle Smith avisó en su discurso que ella votaría en contra de la separación.
En caso de que la respuesta sea un mandato popular para seguir con el proceso separatista, el gobierno provincial tendría que convocar y poner fecha a un referéndum de independencia propiamente dicho, este sí vinculante. Si de nuevo sale que el deseo mayoritario de los albertanos es separarse, entonces el gobierno central de Ottawa tendría que activar la polémica Ley de Claridad, instaurada por el Tribunal Supremo tras el trauma nacional que causó el segundo referéndum de Quebec, cuando el país estuvo a punto de partirse.
¿Qué es la Ley de Claridad?
La Ley de Claridad (Clarity Act) es una ley federal aprobada en el año 2000 que establece las condiciones bajo las cuales el Gobierno de Canadá puede negociar la secesión de una provincia tras un referéndum. Fue creada como respuesta al referéndum de independencia de Quebec de 1995, en el que el no a la independencia ganó por un estrechísimo margen de 50.58% contra 49.42%.
El entonces primer ministro, Jean Chrétien, denunció que la pregunta del referéndum era demasiado ambigua y confusa, por lo que pidió a la Corte Suprema de Canadá que aclarase las condiciones legales de una secesión.
La pregunta en concreto era esta: “¿Acepta que Quebec debería convertirse en soberano, después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política?”. La pregunta no aclaraba si “soberano” significa independiente o con mayor autonomía de Ottawa, ni a qué se refería cuando habla de “nueva asociación política y económica”.
Cinco años después, el Supremo aprobó la Ley de Claridad, mediante la cual, en caso de que una provincia convoque un referéndum de independencia, la Cámara de los Comunes debe aprobar antes si la pregunta es suficientemente clara para reflejar la voluntad popular, que no basta con un 50% más un voto, sino que requiere una mayoría suficientemente grande para abrir un proceso de escisión.
Ante el nuevo desafío separatista, el primer ministro canadiense, el liberal Mark Carney (que es precisamente de Alberta), criticó a la primera ministra provincial por ceder a la presión de los separatistas.“En cuestiones de separación, a menudo se plantea que se debe votar a favor porque es una opción sin coste. Ese es un farol muy peligroso”, declaró Carney y recordó que cuando él fue gobernador del Banco de Inglaterra (pese a ser canadiense) se aprobó el Brexit mediante otro referéndum ambiguo, en el que se prometió una transición “suave, exitosa y muy beneficiosa para el Reino Unido”, cuando la realidad es que, más de una década después, el país sigue lidiando con las consecuencias desastrosas de su salida de la Unión Europea, y muchos “brexiters” están arrepentidos.
Este martes, Carney admitió que su gobierno no puede aplicar la Ley de Claridad a la consulta de octubre, puesto que no plantea directamente la secesión, sino el inicio de un proceso para celebrar un futuro referéndum vinculante; solo entonces el gobierno activaría la Ley de Claridad, “que no podría ser ganado por los independentistas con la mitad de los votos más uno, sino que debe existir una expresión clara de voluntad por parte de una mayoría clara de los ciudadanos de la provincia para que exista un voto sincero sobre la secesión de Canadá”.
Desafío destinado al fracaso, pese a la injerencia de Trump
La última encuesta, publicada por el instituto Angus Reid y realizada entre el 22 y el 24 de mayo, indica que el 60% votaría “no” a la pregunta oficial propuesta por la primera ministra provincial, la conservadora populista Danielle Smith, frente a un 35% que apoyaría avanzar hacia un referéndum vinculante de secesión.
Cuando la consulta se formula de manera más directa, si Alberta debería abandonar o permanecer en Canadá, el respaldo a la permanencia aumenta hasta el 67%, mientras que un 30% optaría por separarse del país.
Este desafío destinado al fracaso es el resultado de la injerencia de Trump en asuntos de otros países. La firmeza de Carney a la hora de enfrentar al presidente de EU, a quien acusa de “poner en peligro la alianza histórica” entre ambos países, lo único que ha logrado es revivir una ola nacionalista canadiense, incluso en Quebec y Alberta, y que millones de canadienses hayan cancelado su visita al vecino del sur.
Aunque Trump está ahora más callado y alardea menos de sus ambiciones imperialistas (va a tener que centrarse en la política nacional, si no quiere que los republicanos sean humillados en las elecciones de medio mandato de noviembre), el daño que ha hecho parece irreversible y la deriva separatista de Alberta está condenada al fracaso… y con ella el sueño del republicano de que se convierta en el estado 51 de EU.