No hay dictadura sin presos políticos, y Nicaragua no iba a ser menos que las otras dos dictaduras de la región: Cuba y Venezuela, las tres unidas por su ideología revolucionaria antiyanqui, aunque, tras el encarcelamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos, el régimen chavista ha sido domesticado por el gobierno de Donald Trump.
Tras la amnistía parcial de presos antichavistas, anunciada de mala gana por la presidenta Delcy Rodríguez, y la situación agónica del pueblo cubano, atrapado entre el bloqueo económico y petrolero impuesto por el republicano y la intransigencia del régimen castrista, que se niega a la más mínima cesión del poder, la atención mediática sobre el desamparo en el que se encuentran los disidentes encarcelados ha puesto sus ojos en Nicaragua, luego de la muerte, el 30 de mayo, del líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera.
Después de tres años incomunicado en una celda, por denunciar la represión del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, defender los derechos indígenas y la autonomía de la región Costa Caribe, el fundador del movimiento YATAMA (“Hijos de la Madre Tierra”) fue hospitalizado por problemas respiratorios y días después declarado muerto por COVID-19, y su cuerpo fue incinerado rápidamente, sin presencia de su familia.
Con el suman ya nueve presos políticos muertos en cárceles de Nicaragua, donde purgan penas por “terrorismo” otros 46 disidentes, un tercio de ellos indígenas.
En el colmo del cinismo, el gobierno de Managua emitió un comunicado en el que lamentaba la “muerte por causas naturales del hermano Brooklyn”. Seguidamente, la dictadura secuestró a ocho familiares del líder indígena miskito, que llevan desaparecidos desde hace una semana.
“Crimen de Estado” y la irrelevancia de la ONU
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU condenó la muerte del activista y aseguró que la falta de una investigación imparcial y la no devolución de los restos de Rivera “refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal por su muerte”.
La jurista uruguaya Ariela Peralta, también integrante del grupo de expertos, añadió que la desaparición forzada de Rivera desde su detención el 23 de septiembre de 2023, cuando era diputado de la Asamblea Nacional, constituye “un crimen internacional del que el Estado de Nicaragua es legalmente responsable”.
En la misma línea se pronunció la vocera de la Oficina para Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado: “Tenemos muy serias preocupaciones sobre las causas de su muerte, precisamente porque nadie conocía su paradero hasta cuatro días antes de la fecha de su supuesta muerte”, indicó.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a toparse con la irrelevancia creciente de Naciones Unidas, tras pedir en vano que el gobierno nicaragüense llevara a cabo una investigación imparcial de la muerte del líder indígena.
Condena y sanciones de EU
Frente a la impotencia de una ONU sin dientes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas restricciones de entrada al país para un centenar de funcionarios nicaragüenses, que se suman a las del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, a los que responsabilizan de la muerte del líder indígena.
“Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la terrible muerte del preso político Brooklyn Rivera. La Administración ha tomado medidas decisivas para imponer restricciones adicionales de visado a más de 100 funcionarios de la dictadura y sus familiares”, señaló.
Recientemente, EU también impuso sanciones a funcionarios venezolanos, así como a Raúl Castro y al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, por la dura represión contra disidentes presos.
Sólo entre enero de 2025 y marzo de 2026 se reportaron 46 presos políticos en cárceles cubanas, mientras que en el mismo período murieron 21 presos políticos en Venezuela; entre los casos más recientes, el del exgobernador opositor del estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, acusado de “terrorismo” e “instigación al odio”. Murió en diciembre de 2025 sin poder despedirse de su madre, quien falleció mientras él estaba detenido en el siniestro centro de tortura El Helicoide.
Pero el caso que causó una enorme conmoción social fue la muerte en prisión del joven comerciante Víctor Hugo Quero Navas, en una celda de aislamiento en enero desde 2025, tras ser acusado de “terrorismo”, pese a no ser un líder político, estudiantil o activista. La búsqueda incansable de su madre acaparó la atención nacional, sin que el régimen se dignara a informarle que su hijo había muerto en prisión. No lo hizo hasta nueve meses después del deceso.
Contra el “doble rasero” europeo y el silencio latinoamericano
El martes, una activista nicaragüense exiliada en Madrid denunció el “doble rasero” de la Unión Europea, donde gobiernos como el del español Pedro Sánchez condenan con dureza e imponen sanciones a regímenes con presos políticos, como Rusia, Irán o Israel, mientras guardan silencio sobre los presos políticos venezolanos, cubanos y nicaragüenses.
De igual manera, gobiernos progresistas latinoamericanos, como el de Claudia Sheinbaum, tienen olvidados a los presos políticos de los tres países, solo porque tuvieron la mala suerte de haber sido encarcelados por gobiernos que se hacen llamar “revolucionarios” y que siguen levantando simpatía, pese a su deriva dictatorial.