Doble golpe del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra el derecho de asilo a los perseguidos en otros países. Este jueves, la mayoría conservadora bendijo dos de los pilares de la política antiinmigrante del presidente Donald Trump: niega el derecho de los inmigrantes a pedir asilo en la frontera y avala la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para inmigrantes haitianos y sirios, una decisión que podría dejar sin amparo migratorio a cerca de 360,000 personas.
En el caso concreto del TPS, los seis magistrados conservadores dieron luz verde a la deportación masiva de 350,000 haitianos y 6,100 sirios, pese a la amenaza existencial en ambos casos por la situación que atraviesa Haití, un Estado fallido aterrorizado por las bandas, y Siria, sometida aún a la violencia sectaria, pese al fin de la guerra civil.
Con el voto en contra de las tres magistradas progresistas, la mayoría conservadora (tres de los magistrados fueron elegidos por Trump durante su primer mandato) sostuvo que la ley que regula el TPS, creado en 1990 para ofrecer refugio temporal a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países, impide a los jueces revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre estas protecciones.
Al avalar la política del Departamento de Seguridad Nacional, consistente en echar del país a todos los inmigrantes acogidos bajo protección o sin ciudadanía, no sólo pone en peligro de deportación inmediata a 350,000 haitianos y los más de seis mil sirios, sino a otros 1.3 millones de inmigrantes de 17 países que contaban con ese estatus cuando Trump regresó al poder en enero de 2025.
Los insultos de Trump no son raciales
En el caso de Haití, aunque el Supremo reconoció que los demandantes citan numerosos comentarios despectivos de Trump sobre sus ciudadanos, la mayoría sostuvo que “ninguna de las expresiones es abiertamente racial” y añade que las posturas del mandatario acerca de su política migratoria pueden justificarse con argumentos “neutrales en términos de raza”.
Los demandantes se referían a las afirmaciones pronunciadas -sin pruebas- por el republicano durante su campaña presidencial cuando dijo que los inmigrantes haitianos de una pequeña localidad de Ohio se robaban las mascotas para comerlas.
El programa TPS protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a sus países de manera segura debido a una emergencia, como una guerra o un desastre natural.
“Una traición a los valores de EU”
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó el fallo del Supremo como “una traición a los valores de Estados Unidos y a la promesa que hicimos de proteger a las personas del desplazamiento, la represión y el daño”.
“El TPS se creó para proteger a las personas procedentes de países que sufren conflictos armados y crisis humanitarias. Muchos neoyorquinos de origen haitiano y sirio contaban con que nuestro país cumpliera con sus compromisos mientras construían una vida libre del miedo y la agitación”, escribió James en un comunicado.
James subrayó que “cientos de miles” de beneficiarios del TPS han formado familias, desarrollado carreras profesionales, creado negocios y construido comunidades en el país. “Son nuestros vecinos, compañeros de trabajo y de clase y seres queridos, y se merecen algo más que ver sus vidas sumidas en el caos por culpa de una administración cruel e imprudente”, lamentó.