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Cuatro estados acusan a las plataformas Facebook e Instagram de fomentar la adicción en menores; reclaman 200 mil millones de dólares en un tribunal californiano

Comienza juicio del siglo contra Meta: Zuckerberg “eligió ganar más que salvar a los adolescentes”

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Estados Unidos Mark Zuckerberg testificó en febrero contra las denunciar por enriquecimiento a costa de dañar la salud mental de los usuarios más vulnerables (EFE)

El futuro de las redes sociales está en manos, a partir de este martes, de la jueza federal del Distrito Norte de California, Yvonne Gonzalez Rogers, quien preside el juicio del siglo contra Meta, el gigante tecnológico fundado por Mark Zuckerberg y propietario de plataformas sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp. La compañía ha sido acusada por cuatro estados —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— de crear adicción en los menores y de ser responsable de la epidemia que afecta a la salud mental de los jóvenes, a sabiendas del daño que les causaría, con tal de ganar más dinero.

Megan O’Neill, fiscal general adjunta de California, fue la encargada de abrir el juicio celebrado en un tribunal federal de Oakland (California) con una intervención desgarradora en la que acusó a Meta de utilizar a los niños para engordar sus beneficios a sabiendas del daño que causaban las redes sociales en la salud mental de los más jóvenes.

Durante su intervención señaló que el modelo de negocio de Facebook e Instagram “se puede resumir en cuatro palabras: enganchar al usuario, retenerlo el mayor tiempo posible, recopilar sus datos y luego ocultar la verdad”, afirmó ante los ocho miembros del jurado. “Funcionó especialmente bien con los niños”, añadió. “Los jóvenes son los más vulnerables: son los que tienen más probabilidades de engancharse y los que tienen más probabilidades de generar ingresos a largo plazo”.

“Sabía lo que pensaban los niños”

La fiscal de California acusó a Meta de investigar la mente de los niños para fomentar la adicción, a pesar de que sabían que les hacía sentir mal.

Meta disponía de su propia investigación que mostraba con qué frecuencia los niños tienen experiencias negativas, incluso traumáticas, en la plataforma”, dijo Megan O’Neill. “Sabía lo que pensaban los niños sobre su incapacidad para dejar de usar la plataforma, incluso cuando lo intentaban, incluso cuando sabían que era malo; Meta se enfrentó a eso cuando llegó el momento de tomar una decisión: elegir la opción que era segura para los niños o la opción que era segura para sus beneficios”, destacó la fiscal, explicando que han montado el caso con docenas de documentos internos y estudios ocultos por Meta donde se evidencia que la empresa conocía los riesgos para la salud de los niños.

Además, los fiscales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan al gigante de las redes sociales de recopilar datos de menores de 13 años sin su consentimiento, violando las leyes federales sobre privacidad infantil y las leyes estatales de protección al consumidor.

Tres años de ganancia de reclamación

Aunque los fiscales no han especificado la cuantía ni el alcance de las compensaciones, la semana pasada admitieron que la cantidad podría rondar los 200,000 millones de dólares, una cuantía que equivaldría a los beneficios netos de tres años de Meta.

Los títulos de Meta han perdido casi un 30% de su valor durante los últimos 12 meses por su agresiva política para invertir en inteligencia artificial (IA) y la acumulación de las demandas pendientes, para las que tiene reservados 2.400 millones de dólares, según figuran en sus cuentas del segundo trimestre.

La fiscal adjunta de California declaró ante el jurado que el caso no se trataba de prohibir Instagram ni las redes sociales. “Este caso no trata sobre si las redes sociales ofrecen algún beneficio a ciertas personas. Sí lo hacen”, afirmó.

Amparados por la Primera Enmienda

El grupo fundado por Zuckerberg presentó este martes sus alegaciones contra el caso. Argumentan que los fiscales estatales no han logrado demostrar ningún daño real provocado por Facebook e Instagram. Además, se escuda en que las plataformas están amparadas por la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión, y por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que establece que las redes sociales no son responsables del contenido que publiquen sus usuarios.

“Los fiscales generales no presentan pruebas de que nadie en sus estados haya sido engañado; alegan que funciones inofensivas como tener una cuenta adicional de Instagram perjudicaron de alguna manera a sus usuarios e intentan penalizar a Meta por problemas que afectan a todo el sector”, informó Liza Crenshaw, portavoz de Meta, en un comunicado. “Pueden calificar este caso de histórico, pero sus alegaciones son limitadas y carecen de fundamento. Y sus exigencias económicas son totalmente desproporcionadas”, apostilló (con información de El País y EFE).

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