La vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), Carmen Rosa Villa, destacó que la desaparición forzada continúa en distintas regiones del mundo pese al reconocimiento internacional de este delito y a los avances legales para combatirlo.
Durante una entrevista con la agencia EFE, Rosa Villa señaló que estos casos “no han dejado de existir” y se presentan “en el norte, en el sur, en el este y en el oeste”, por lo que llamó a los gobiernos a reforzar las acciones de prevención, investigación y sanción.
La funcionaria participó en Tegucigalpa en el foro “Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos”, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco del vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La Convención fue aprobada en 2006 y entró en vigor en 2010. El instrumento establece obligaciones para los Estados destinadas a evitar estos crímenes, investigarlos y llevar ante la justicia a los responsables.
Según Villa, la respuesta internacional ha evolucionado desde las décadas de 1980, cuando la desaparición forzada podía mantenerse como una práctica encubierta, hasta convertirse en un delito reconocido y condenado por los Estados.
Actualmente, 78 países forman parte de la Convención, aunque la vicepresidenta del CED insistió que es necesario avanzar hacia su ratificación universal y garantizar que sus disposiciones se traduzcan en políticas públicas efectivas.
Villa constató que se trata de un crimen de carácter continuado, debido a que no concluye hasta que se establece “la suerte o el paradero” de la persona desaparecida.
“Es un crimen atroz. Es una violación múltiple de derechos humanos”, enfatizó.
La especialista que las desapariciones pueden vulnerar derechos como la vida, la integridad personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica, además de que en algunos casos están relacionadas con torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Familiares también son víctimas
Entre los avances alcanzados a nivel internacional, Villa resaltó el reconocimiento de los familiares de las personas desaparecidas como víctimas, a causa del impacto que genera la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos.
La vicepresidenta del Comité describió esta situación como un “duelo permanente”, particularmente para las mujeres que suelen asumir las labores de búsqueda y que pueden enfrentar “amenazas, represalias y estigmatización”.
“Muchas de ellas dejan de trabajar para dedicarse a buscar”, confirmó.
Ante esta situación, Villa puntualizó que la localización de las personas desaparecidas corresponde al Estado y que las investigaciones deben partir de la presunción de vida. De tal modo que, deben incorporar perspectiva de género e interseccional y estar vinculadas con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
“La desaparición forzada no es un problema de las víctimas. No le atañe solo a las víctimas. Le atañe a la sociedad en su conjunto”, sostuvo.
La vicepresidenta del CED comentó que las consecuencias de estos delitos trascienden a quienes los padecen directamente y dejan heridas sociales que “no se cierran”.
Entre las medidas que consideró urgentes se encuentran el fortalecimiento de los institutos forenses y la creación de registros unificados que permitan mejorar la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas.
Para avanzar en estas tareas, añadió, se requiere “voluntad política, recursos y personal capacitado”.
La Crónica de Hoy 2026