El Gobierno de Perú declaró en emergencia cinco penales que concentran cerca de 50 por ciento de los internos vinculados con organizaciones criminales, con el objetivo de reforzar el control del orden interno y evitar que las bandas continúen dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles hacia el exterior.
La medida fue establecida mediante un decreto supremo aprobado por la presidenta Keiko Fujimori y tendrá una vigencia de 60 días. Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno en el perímetro exterior de los centros penitenciarios, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Los penales incluidos son Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima, y Trujillo Varones, en La Libertad.
Control reforzado
La declaratoria de emergencia comprende el perímetro exterior de las cinco cárceles hasta un radio de 200 metros. En esta zona quedarán suspendidos constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal durante la vigencia de la medida.
La Policía Nacional, con respaldo de las Fuerzas Armadas, estará encargada de ejecutar acciones de seguridad en el perímetro exterior, así como en el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de los centros penitenciarios.
Entre las tareas contempladas se encuentra un control estricto de los accesos y el desarrollo de labores de inteligencia para prevenir posibles fugas y reforzar la vigilancia alrededor de las instalaciones.
Operativos contra celulares y armas
El decreto también contempla operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas de memoria SIM y armas dentro de los centros penitenciarios.
Estas acciones serán realizadas en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras que esta institución conservará la administración y custodia interna de los penales.
La estrategia busca limitar las herramientas de comunicación que pueden utilizarse desde las cárceles para mantener contacto con el exterior y, de acuerdo con el Gobierno peruano, combatir a organizaciones criminales que continúan operando desde los centros penitenciarios.
Medida ante el avance del crimen organizado
La declaratoria ocurre en un contexto de preocupación por delitos como secuestro, extorsión y sicariato, algunos de los cuales las autoridades han relacionado con organizaciones criminales que operan desde las cárceles.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Trujillo, al norte del país, donde un empresario minero fue secuestrado y cuatro de sus acompañantes fueron asesinados por un grupo de hombres que simuló un operativo policial para detenerlos durante la madrugada.
Las autoridades peruanas atribuyeron este hecho a la organización criminal Los Pulpos, cuyo cabecilla, Jhonsson Cruz, fue detenido esta semana en Bolivia y posteriormente expulsado a Perú para responder por una condena previa por homicidio y otros cargos relacionados con organización criminal.
El Ejecutivo peruano señaló que, pese a las restricciones contempladas por la declaratoria, se mantendrá el respeto a los derechos fundamentales durante los 60 días de vigencia.
La norma establece que deberán garantizarse los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De esta manera, las autoridades buscan reforzar la seguridad alrededor de los penales sin dejar de establecer límites para las acciones desarrolladas durante el estado de emergencia.
Medidas del gobierno
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que mientras se espera la aprobación de la solicitud de delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, el Gobierno nacional continuará impulsando medidas contra la inseguridad desde diferentes sectores.
La decisión de declarar en emergencia los cinco penales se tomó después de una reunión celebrada el viernes en el Palacio de Gobierno, en la que participaron la presidenta Keiko Fujimori, Galarreta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano.