Chile conmemora este viernes 53 años del golpe de Estado de 1973, que puso fin al gobierno del presidente Salvador Allende e inició la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet, sin actos oficiales por parte del gobierno de José Antonio Kast.
La decisión marca un hecho inédito desde el retorno de la democracia, ya que las administraciones anteriores habían realizado ceremonias o actividades oficiales para recordar la fecha, con distintos enfoques políticos.
Kast, identificado como partidario del régimen militar, dejó Santiago para cumplir una agenda de trabajo en regiones. Por otro lado, el mandatario chileno defendió su decisión de no organizar una ceremonia oficial.
“La fecha (11 de septiembre) es un día al cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y sentimientos, nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones”, señaló el biministro de Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado.
Oposición cuestiona ausencia de Kast
La decisión generó críticas de los partidos opositores, que acusaron al gobierno de ignorar una de las fechas más relevantes de la historia reciente del país.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, pidió al mandatario separar su postura política personal de su responsabilidad como jefe de Estado.
“El Presidente de Chile tiene que saber y reproducir que el lugar donde él vive, donde él gobierna, fue destruido por un bombardeo que realizaron las fuerzas sediciosas y fascistas”, señaló Carmona.
“Le pido que tenga una estatura de Estado por sobre la posición política partidista, porque hoy le toca ser presidente de Chile, no un activista de la derecha”, agregó el líder del PC.
Por su parte, la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, apuntó que, pese a las diferencias políticas existentes en el país, las violaciones a los derechos humanos no pueden justificarse.
“Hay algo que no admite dos lecturas, nada justifica torturar, asesinar ni hacer desaparecer a una persona”, mencionó Yeomans.
“En Chile lo hicieron agentes del Estado, por eso el Estado no tiene derecho a olvidar”, recalcó la diputada.
Por la ausencia de actividades gubernamentales, la oposición y la Fundación Salvador Allende convocaron a un acto en el Cementerio General de Santiago, sumado de otros homenajes previstos en distintas regiones del país.
Preocupación por políticas de derechos humanos
La conmemoración sucede en medio de cuestionamientos al gobierno de Kast por decisiones correlacionadas con las políticas de memoria, reparación y búsqueda de víctimas de la dictadura.
Una de las principales preocupaciones se encuentran un recorte presupuestario cercano a un millón de dólares en el programa encargado de coordinar la búsqueda de detenidos desaparecidos, la posibilidad de conceder indultos y beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad y la situación de programas destinados a la atención de víctimas.
La abogada y exencargada nacional del Plan de Búsqueda, Paulina Zamorano, advirtió sobre lo que consideró un retroceso en materia de memoria y derechos humanos.
Existe una “profunda preocupación” por el “silencioso desmantelamiento de las instituciones de derechos humanos vinculadas a la justicia transicional en Chile, el grave retroceso en materia de memoria y falta de financiamiento de los sitios de memoria”, enfatizó Zamorano a la agencia EFE.
La abogada y la Red de Observadoras en Justicia y Memoria llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitaron un “seguimiento reforzado” a la situación chilena.
“Actualmente, no solo se ha visto mermada la gestión del Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda, sino que existen amenazas concretas contra el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), luego de que el Ministerio de Hacienda recomendara su disolución”, manifestó.
Debate por indultos y beneficios
Otro de los temas que persiste el debate es la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por delitos de lesa humanidad o a policías sentenciados por apremios ilegítimos cometidos durante las protestas de 2019.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ha expuesto que las solicitudes serán analizadas “caso a caso”, sin descartar la probabilidad de conceder estos beneficios.
Manríquez, quien acumula 57 sentencias por la persecución y asesinato de opositores políticos, obtuvo su libertad luego de un fallo dividido de la Corte Suprema que consideró una supuesta “enajenación mental”.
Para la litigante en causas de crímenes de lesa humanidad Magdalena Garcés, la falta de participación del Programa de Derechos Humanos en algunos procesos de beneficios penitenciarios provoca preocupación.
“La concesión de beneficios carcelarios preocupa ante la no participación del Programa de Derechos Humanos en las solicitudes de estos beneficios ante la Justicia, dejando a los representantes de los familiares de las víctimas a cargo de los alegatos”, explicó Garcés.
La abogada insistió que la falta de actos oficiales durante la conmemoración refleja una postura del actual gobierno frente al periodo de la dictadura.
“Hablamos de una suerte de negacionismo en el sentido que nos encontramos con un gobierno que reivindica el legado y la obra de la dictadura civil militar, en tanto no hay actos reivindicativos en memoria de las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas en ese periodo”, sentenció.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 derrocó al presidente socialista Salvador Allende y dio paso a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que se mantuvo hasta 1990, la cual miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas, encarceladas o torturadas.
Con información de EFE