Para entender el daño que está haciendo el presidente Donald Trump a la democracia estadounidense con sus ataques a la libertad de prensa, habría que trasladarse a los albores de la nueva república y seguir los pasos de uno de sus Padres Fundadores: Thomas Jefferson. El destino quiso que, antes de convertirse en el tercer presidente de Estados Unidos, fuera enviado como embajador a París, donde se cocinaba ya un acontecimiento que marcaría no solo el futuro de la nueva nación americana, sino el rumbo de la Historia Universal: la Revolución Francesa.
Jefferson llegó a París en agosto de 1784, ocho años después de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, proclamada el 4 de julio de 1776, y cinco años antes de que George Washington fuese proclamado primer presidente de Estados Unidos. La nueva república era tan joven que en sus primeros años de vida era gobernada bajo los Artículos de la Confederación (de las trece excolonias británicas), por lo que urgía la redacción de la nueva Carta Magna, que recogiera el espíritu de los que declararon la guerra de independencia contra la tiranía del monarca inglés.
La decisión de enviar a Jefferson a Francia, país que ayudó a la independencia y con el que se pretendía dsellar una relación comercial privilegiada que levantara la maltrecha economía del nuevo país, fue providencial.
Cuando Jefferson llegó a París en 1784 era una celebridad, ya que fue el principal autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Paradójicamente, el prócer del nuevo Estado republicano llegó para reforzar las relaciones con el entonces rey absolutista Luis XVI; pero lo que vio de cerca fue cómo la censura tapaba los abusos de la Corona y el expolio de las riquezas, lo que le hizo entender que, sin prensa crítica, el ciudadano queda a ciegas ante los excesos del gobernante.
Este convencimiento le llevó a escribir en enero de 1787 su célebre carta al congresista Edward Carrington, quien le reportaba periódicamente los acontecimientos en el nuevo país, como la Rebelión de Shays, el levantamiento de agricultores descontentos con el primer gobierno y el intento de este de censurar y sofocar sus protestas.
En dicha carta, Jefferson mostró la necesidad no solo de que se redactara la Constitución, sino de que destacara el derecho a la libertad de expresión, de reunión ciudadana, de religión, pero sobre todo la libertad de prensa. Fue cuando dejó por escrito su frase más legendaria: «Si me tocara decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos, o periódicos sin gobierno, no dudaría un instante en preferir lo segundo». Su argumento era que el pueblo debe vigilar a sus gobernantes y, para hacerlo, necesita estar informado, sin que interfieran los gobernantes ni persiguan a los periodistas.
Paradójicamente, su defensa apasionada de la libertad de prensa no fue recogida inicialmente por la Constitución de Estados Unidos, sino que entusiasmó primero a sus amigos clandestinos franceses, como el marqués de Lafayette, uno de los líderes de la Toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que dio inicio a la Revolución Francesa y a que luego rodaran las cabezas de Luis XVI y de María Antonieta.
Jefferson no solo abrió su residencia parisina a los líderes revolucionarios, sino que contribuyó en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que a su vez proclamó, por primera vez, el derecho a la prensa libre.
El nacimiento de la Primera Enmienda
Pese a su primer fracaso, Jefferson no tiró la toalla y aprovechó la llegada al Congreso de su otro gran aliado, James Madison, para insistir por carta en que la nueva Constitución tenía un fallo grave: la ausencia de una Declaración de Derechos (Bill of Rights) que protegiera explícitamente la libertad de prensa y de religión.
Desde la Cámara de Representantes, Madison hizo caso a las insistentes cartas de Jefferson y redactó y presentó formalmente en junio de 1789 el paquete de enmiendas que terminaría convirtiéndose en la Primera Enmienda de la Constitución.
El texto exacto de la Primera Enmienda (aprobada en 1791) consta de una sola frase: «El Congreso no redactará ley alguna con respecto al establecimiento de una religión, ni que prohíba el libre ejercicio de la misma; ni que limite la libertad de expresión, o de la prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de sus agravios».
Nueve años después, en 1800, Thomas Jefferson ganó las elecciones y se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos.
Nada más asumir la presidencia en 1801, Jefferson indultó a los periodistas y editores que habían sido encarcelados bajo la Sedition Act aprobada por su antecesor, el presidente John Adams, una norma que criminalizaba las críticas al gobierno. Jefferson declaró esa ley inconstitucional por violar abiertamente la Primera Enmienda.
Paradójicamente, Jefferson fue víctima de su propia receta cuando su gobierno fue fiscalizado duramente por la prensa, llegando a proponer a un editor que dividiera sus periódicos en cuatro secciones: Verdades, Probabilidades, Posibilidades y Mentiras, advirtiendo que las dos últimas serían las más extensas.
A pesar de sus duras críticas hacia el amarillismo periodístico, Jefferson nunca apoyó la censura ni la restricción legal de la prensa. Sostenía que el remedio para una prensa mentirosa o difamatoria no era la represión estatal, sino el juicio crítico de los propios ciudadanos y el contraste con la verdad factual.
Y tuvo razón, cuando los ciudadanos votaron como cuarto presidente de EU al impulsor de la Primera Enmienda, James Madison, quien prometió seguir protegiendo el derecho fundamental de la libertad de prensa, algo que no siempre respetaron sus sucesores, aunque algunos de ellos por razones de amenaza existencial, como fue el caso de Abraham Lincoln, quien se vio forzado en 1861 a censurar y clausurar los periódicos del Norte que apoyaban a los esclavistas del Sur confederado.
El caso NYT v. Sullivan que hizo historia
La tensión permanente entre la prensa y las autoridades llevó a que la Corte Suprema sentenciara en 1960 en un fallo histórico los límites sobre ambos en el caso conocido como New York Times Co. v. Sullivan.
Este caso redefinió los límites entre el derecho a la honra de las autoridades y el periodismo de investigación, estableciendo la famosa doctrina jurídica de la «malicia real» (actual malice).
En 1960, en pleno apogeo del movimiento por los derechos civiles, un grupo de activistas publicó un anuncio pagado en The New York Times denunciando la represión policial contra manifestantes afroamericanos en Montgomery, Alabama.
L. B. Sullivan, comisionado de policía de la ciudad, demandó al periódico por difamación argumentando que el anuncio contenía varias imprecisiones factuales menores (por ejemplo, cuántas veces habían arrestado a Martin Luther King Jr.). Las cortes de Alabama fallaron a favor de Sullivan y le otorgaron una indemnización de 500,000 dólares, una cifra que amenazaba con llevar a la bancarrota al periódico y silenciar la cobertura periodística del movimiento por los derechos civiles en el Sur.
Por una decisión unánime (9-0), los jueces del Supremo revocaron el fallo de las cortes de Alabama y estableció un precedente histórico: la Corte determinó que la Primera Enmienda protege las afirmaciones falsas sobre funcionarios públicos, a menos que el demandante pueda demostrar con claridad que el medio actuó con malicia; es decir que el periodista sabía que la información era falsa al momento de publicarla o que actuó con un desprecio imprudente por la verdad.
El fallo, que reconoció que las informaciones erróneas son inevitables en democracia, consagró que los funcionarios públicos no pueden usar las leyes de difamación como una vía para sofocar la crítica o el escrutinio político.
Pese al fallo histórico, la tentación de los presidentes por abusar de su poder para censurar a la prensa dejó dos ejemplos para la historia de la infamia.
De Nixon a Trump
El caso paradigmático es el de Richard Nixon, quien creyó que el cargo de presidente le daba licencia para censurar, como hizo, con los reportes de prensa durante la Guerra de Vietnam, o como hizo denunciando a los periodistas que destaparon su orden de espiar el cuartel general de los demócratas.
Su renuncia al poder por el caso Watergate, en 1974, gracias a la proeza de dos periodistas de The Washington Post, puso de relieve como nunca la necesidad de proteger la libertad de prensa, algo que saltó por los aires durante el segundo mandato de Trump y sus vetos recientes a periodistas incómodos de CNN o Politico.
En cuanto al actual mandatario (también republicano) al catalogar sistemáticamente a los medios independientes como “enemigos del pueblo” (enemies of the people) y tildar de fake news cualquier investigación periodística incómoda, Trump está erosionando la fe de la ciudadanía en el periodismo.
Ahí radica la gran traición del magnate al legado jeffersoniano: un pueblo que renuncia a ser informado por una prensa libre deja de ser una nación de ciudadanos soberanos para convertirse en una masa dispuesta a ser sometida.
A un mes para las elecciones intermedias, convertidas por el presidente en un plebiscito, ¿cuántos estadounidenses ejercerán un voto de castigo contra su deriva autoritaria, esperando ver más pronto que tarde las portadas de los periódicos cabeceando a cinco columnas: Trump, destituido?