Como metáfora pertinente, Wilma Gandoy, artífice del litigio emprendido por el gobierno mexicano contra siete armerías estadounidenses por su actuar negligente y desdén a la seguridad pública, dice: “No estamos dando tiros al aire, son de precisión”.

Sobre la mesa de trabajo, incluso, está plasmado ya un rango económico por la reparación del daño causado a nuestro país: del 2 al 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“En Estados Unidos los litigios civiles prosiguen siempre y cuando se enfatice que hay un daño, y éste debe ser cuantificable en dinero y traducirse en una compensación”.

-¿Qué factores lo definen? -se pregunta a la directora de litigios de la cancillería.

-Se consideran los perjuicios que ha sufrido el Estado mexicano en cuanto a sus fuerzas del orden caídas, edificios de gobierno arruinados, helicópteros, aeronaves y vehículos perdidos. El litigio, por supuesto, está inspirado en las miles de víctimas por la violencia diaria en el país, aunque no se reclama dinero para que a cada víctima se le dé un cachito.

-¿Por qué?

-Primero, por los criterios predominantes en las cortes estadounidenses: cuando argumentas que vienes como gobierno a cobrar lo de todas las víctimas, en la mayoría de los casos resuelven con una negativa, bajo el argumento de que cada víctima debe reclamar lo propio. Y también es difícil determinar qué cantidad le tocaría a cada víctima, por eso se apostó por los daños generales al Estado mexicano.

-Entiendo la estrategia, pero finalmente la más perjudicada por el flujo descontrolado de armas es la población. De nada sirve una compensación, si se la embolsará el gobierno quién sabe para qué…

-Todo dinero recuperado por México entra a la Secretaría de Hacienda, que deberá determinar cómo se usa. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores sí consideramos que ese recurso debe ser destinado para la atención a víctimas: puede ser a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), o bien para capacitación o equipo de fuerzas del orden. El monto exacto tendrá que definirse en la corte.

-¿Bajo qué criterios?

-Conforme a los indicadores disponibles de cuánto cuesta toda esta violencia en México con relación al PIB: hay indicadores internacionales que refieren un mínimo de 2 por ciento del PIB, y otros que tienen un tope máximo del 21%, hablamos de cientos de miles de millones de dólares por daños. Deberá ser una propuesta del gobierno de México, en el transcurso del juicio por jurado.

-¿Necesariamente tendrá que llegarse a un juicio por jurado?

-No, otra posibilidad es que las armerías hagan un cálculo y digan: si nos vamos a ese juicio las cosas pueden salir de tal o cual manera, y entonces propongan un acuerdo, ofrezcan una cantidad y ya el gobierno de México decidirá si conviene o no, considerando que un juicio por jurado tiene costos altísimos, ponderas cuánto te va a costar, y aceptas el acuerdo. La regla estadounidense es que en esta clase de juicios cada parte paga lo suyo.

Desde la cancillería, Gandoy encabeza un equipo amplio de abogados y consultores jurídicos, con experiencia en derecho estadounidense e internacional. Pero a la vez se ha hecho mancuerna con grupos de abogados especialistas en la Unión Americana: uno de ellos, Jonathan Lowy, jefe legal de una organización llamada Brady, reconocida por promover litigios encaminados a regular la industria armamentista; otro es el despacho de Steve Shadowen, especialista en litigios por daños transfronterizos, y quien ha representado a familias mexicanas, víctimas de alguna pérdida: un hijo, un hermano, un padre asesinado por elementos de la patrulla fronteriza. Shadowen también se ha enfocado en demandas contra abusos de empresas farmacéuticas.

“Ellos son nuestros principales ases en Estados Unidos, porque conocen a la industria, saben quiénes son los abogados de las empresas y qué argumentos han usado en otros casos”, refiere Wilma.

-Ya ha dicho que la batalla será larga y comprende muchos niveles de apelación. ¿Confía el gobierno mexicano en los jueces estadounidenses?

-Sí, tenemos confianza en el sistema de cortes, por eso fuimos allá. Esto es un litigio estratégico, hay varias cosas calculadas. ¿Dónde se lleva a cabo el litigio? En una corte federal con sede en Massachusetts, uno de los centros más importantes de producción de armas. La composición de las cortes fue completamente estudiada: no era lo mismo una corte en Texas, donde los jueces son más conservadores, más cerrados, que una ahí en Boston, con una tradición más abierta, más universitaria: ahí está Harvard, la Universidad de Boston, los propios jurados tienen una composición más global.

-¿Qué se sabe del juez Dennis Saylor?

-Es el presidente de la corte de distrito de Boston, fue nombrado por el presidente Bush, que es republicano, pero hemos analizado los casos que ha tenido: es un juez prudente, que se basa en la ley más que en dogmas de partidos, tenemos alta confianza de que se conducirá con imparcialidad. Y luego, también se analizó el sistema de cortes de apelación, que se caracteriza por su moderación, por apegarse a las normas.

-¿Por qué se enfocó el litigio en contra de siete armerías?

-Pudieron haberse iniciado un montón de demandas a lo largo y ancho de Estados Unidos en contra de muchísimas empresas. ¿Qué iba a pasar? Hay una regla allá que dice: cuando hay muchos litigios sobre la misma materia y el demandante es el mismo, se juntan por practicidad, y eso implica que te lleven a un circuito más dogmático. Aquí se trató de escoger a los demandados, elegir el foro, el momento, todo muy cuidado, con información a la mano, de modo que tenga posibilidades de prosperar.

-¿No es entonces un jueguito?

-Algo que nos pasa a los mexicanos es creer que muchas cosas no son posibles. Abordamos un problema que nos afecta en la vida diaria de una manera diferente, apuntando a las comercializadoras, y con gente muy experimentada detrás. Fue calculada con seriedad y esperamos resultados. Debemos aminorar el flujo de recursos para combatir la violencia criminal y destinarla al desarrollo del país. Ya lo decía: no es un tiro al aire…

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