La administración de Donald Trump está presionando a México para que investigue, procese y extradite a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, incluso si ocupan cargos públicos, en un movimiento que podría tensar aún más la relación bilateral.
Según cuatro fuentes cercanas a las negociaciones, funcionarios estadounidenses han planteado la exigencia en al menos tres ocasiones, encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante reuniones bilaterales con representantes del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las conversaciones, que no se habían hecho públicas hasta ahora, incluyeron amenazas de imponer nuevos aranceles a productos mexicanos si no se toman acciones concretas contra la narcopolítica.
Funcionarios estadounidenses habrían mencionado a cinco miembros actuales del partido Morena, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como a un exsenador, según dos de las fuentes.
Amenazas comerciales
La estrategia de Trump de condicionar el comercio a medidas de seguridad no es nueva, pero esta vez apunta directamente a la estructura política mexicana. Durante una reunión en Washington el pasado 27 de febrero, encabezada por Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, se discutió el endurecimiento de las extradiciones, la designación de un “zar del fentanilo” estadounidense que se coordine directamente con Sheinbaum y un mayor control fronterizo del lado mexicano.
En dicho encuentro participaron también la fiscal general de EU, Pam Bondi, así como altos representantes de los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Tesoro. Por parte de México asistieron el fiscal general Alejandro Gertz y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El gobierno de EU considera que la creciente influencia de los cárteles en la política mexicana justifica no solo las medidas comerciales, sino también una reconfiguración de la cooperación bilateral. En febrero, México extraditó a 29 líderes criminales a EU, el mayor número en años, tras amenazas de Trump sobre aplicar aranceles generalizados a las importaciones mexicanas.
Gobernadora bajo la lupa
El caso más visible hasta ahora es el de Marina del Pilar Ávila. El 11 de mayo, la gobernadora informó en sus redes sociales que el gobierno estadounidense le canceló a ella y a su esposo las visas de turista, sin explicar los motivos. “Una injusticia”, calificó la decisión. La embajada de EU en México ha evitado comentar al respecto.
Si bien la Fiscalía General de la República opera de manera independiente del Poder Ejecutivo mexicano, las presiones estadounidenses apuntan a romper un tabú: actuar penalmente contra políticos en funciones, una línea roja que históricamente México ha evitado cruzar.
Según la legislación mexicana, sólo pueden ser procesados por delitos graves como narcotráfico o delincuencia organizada si el Congreso autoriza levantarles el fuero.
El precedente más cercano de una intervención directa de EU fue la detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en 2020, en Los Ángeles, a petición de la DEA. El arresto causó una crisis diplomática entre ambos países, que terminó con la liberación de Cienfuegos y su retorno a México, donde nunca fue procesado (con información de agencias).