Aunque más de una treintena de candidaturas a magistrados incumplen con el requisito de haber obtenido el promedio académico mínimo de 9 para acreditar alguna especialidad en las ramas del derecho mexicano, el Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta “salvarlos” y legitimar el voto que les dieron los electores al acatar una orden judicial.
Este jueves, las y los consejeros electorales que forman la llamada ‘herradura de la democracia’ volverán a reunirse en sesión pública para zanjar el debate por 33 candidaturas que violan la Constitución por no contar con el promedio académico establecido para ocupar cargos como magistrados de diversos Tribunales de Circuito -donde se revisan sentencias de jueces que justiciables ponen en “entredicho” en materia de justicia administrativa, penal, civil, mercantil y fiscal, principalmente. Sin embargo, el Consejo General tiene claro que las disposiciones del Tribunal Electoral federal son inatacables.
Durante la continuación de la sesión abierta el pasado domingo para declarar la validez de la elección por el voto popular de 881 aspirantes a diversos cargos al Poder Judicial a nivel federal, este miércoles se pretendía entregar constancias de mayoría a quienes se postularon como magistrados de Circuito. Sin embargo, 33 nombres resultaron cuestionables por incumplir con uno de los requisitos básicos de acreditar promedios de 8 y 9 en licenciatura y especialidad jurídica, en ese orden.
Al respecto, la consejera Carla Humphrey fue explícita en el camino que debe seguir el INE “para no afectar a nadie”
“Estamos cumpliendo una jurisprudencia de la Sala Superior que señala que tenemos que verificar que las y los candidatos ya electos cumplen con los requisitos de elegibilidad. La Constitución establece 8 de promedio en la licenciatura y 9 en la especialidad para la que se inscribieron, como magistrados. Y estamos, me parece, con distintas formas de acreditar si las personas cumplieron con esto que se exige en la Constitución”, aclaró en entrevista telefónica tras decretarse receso de la sesión.
Precisó que el debate se alargó pues dentro del Consejo General se pretendía que los promedios de 7.99 ó 7.6 subieran a 8, pero, dijo, la Constitución es clara y fija en 8.0 en adelante o 9.0.
“Aquellos que no llegan a estos umbrales, y se particularmente aquellos de la especialidad.
“Se puede cumplir con validar su triunfo por votos, pese a no cumplir con el requisito, porque es una sentencia emitida en enero por la Sala Superior, y es con la licenciatura o con un posgrado en la materia de especialidad. Es lo que se está verificando, y estamos unificando una metodología para que se pueda acreditar de forma homogénea el criterio de los promedios”, dijo.
Es decir, el Consejo General discute cómo validar a los ganadores que más se acercan a los requisitos para, en su caso, determinar la legitimidad, así como definir qué pasará con quienes definitivamente no cumplen con la legalidad.
“Durante el receso se revisa la metodología determinada y adecuada, de manera clara, para no aceptar a ninguna persona que efectivamente… Que todas las personas cumplen con el 8 de licenciatura y el 9 en las materias especialidad a las que se inscribieron”, explicó la consejera.
En el debate, consejeros, incluso quienes son considerados como afines a la Cuarta Transformación, se pronunciaron por velar la reforma constitucional.
Uuc-kib Espadas dijo que el INE no puede prescindir del promedio mínimo como criterio de elegibilidad, pues exigencia constitucional y rechazó que buscara conceder una décima de calficación, es decir, de 7.9 a 8.
“No estamos en una negociación de calificaciones, no estamos en un acuerdo convencional, los números son lo que son. Y si la ley pone un límite, el límite es ése”, expresó.
