La propuesta de ley para convertir a la Guardia Nacional en una corporación con carácter plenamente militar, bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos. Una de las voces más contundentes ha sido la de Amnistía Internacional, que hizo público su rechazo a esta iniciativa al considerar que representa un retroceso en la protección de los derechos civiles y abre la puerta a mayores riesgos de impunidad.
A través de una serie de publicaciones en la red social X (antes Twitter), Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación por el rumbo que tomará el cuerpo de seguridad creado originalmente con un perfil civil. En palabras de la organización, el proyecto legislativo “aumenta el riesgo de que personal de la Guardia Nacional manipule evidencia en casos donde esté implicado”, además de facilitar que las violaciones a derechos humanos queden sin castigo.
El paquete de reformas fue aprobado en comisiones por mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla cambios a leyes fundamentales del Ejército, como la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Código de Justicia Militar. Entre otras cosas, establece que la Guardia Nacional pase a ser operada, dirigida y disciplinada por la Sedena.
De acuerdo con Amnistía, estas modificaciones profundizan el enfoque militar del organismo, lo que pone en entredicho su capacidad para respetar y garantizar los derechos de la población civil. “La militarización no es la solución”, afirmó la organización, que también instó al Congreso de la Unión a rechazar la iniciativa durante el periodo extraordinario previsto para la próxima semana.
En el fondo, el cambio normativo busca habilitar a la Guardia Nacional para ejecutar tareas de inteligencia, operaciones encubiertas y la intervención de comunicaciones privadas, actividades tradicionalmente reservadas a instancias de procuración de justicia y bajo estrictos controles judiciales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos ya habían advertido en informes como Cambiando el Paradigma —citado por Amnistía— que la militarización de la seguridad pública en México ha derivado en violaciones graves, falta de investigaciones imparciales y una persistente impunidad.
Durante la discusión legislativa, diputados de oposición señalaron que este rediseño legal rompe con el principio civil de la Guardia Nacional, como fue concebida en su origen. A su juicio, el nuevo esquema concentra facultades excesivas en las Fuerzas Armadas, sin los contrapesos adecuados para proteger a la ciudadanía.