Un grupo de investigadores de instituciones mexicanas, británicas y estadounidenses plantea que un impuesto a la carne roja y procesada podría reducir su consumo en México, promover una alimentación más saludable y, al mismo tiempo, disminuir el impacto ambiental del sistema alimentario. El estudio fue publicado este 27 de junio en la revista científica PLOS ONE bajo el título Taxes to red and processed meat to promote sustainable and healthy diets in Mexico.
De acuerdo con los autores, entre ellos Kaela Connors y Juan A. Rivera del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el consumo de carne roja y embutidos en el país supera las recomendaciones oficiales y contribuye tanto a enfermedades crónicas como a la crisis climática. Para enfrentar este problema, los investigadores evaluaron cómo responderían los hogares mexicanos ante distintos escenarios de aumento en el precio de estos productos, simulando impuestos similares a los ya existentes sobre bebidas azucaradas.
El análisis se basó en datos de más de 240 mil hogares mexicanos, recolectados entre 2018 y 2022 por el INEGI, y se complementó con encuestas nutricionales y un seguimiento a mujeres en Jalisco y Veracruz. Con esta información, el equipo estimó cuánto disminuiría la compra de carnes rojas y procesadas ante incrementos de precio, y qué otros alimentos podrían sustituirlas.
Los resultados mostraron que un alza del 100% en el precio de carnes procesadas como salchichas, jamón o embutidos sería la medida más eficaz para acercar el consumo a las recomendaciones de salud pública. Este escenario provocaría una caída del 84% en su demanda entre adultos, sin afectar negativamente la calidad de la dieta, ya que se observaron aumentos en alimentos como legumbres, mariscos y pollo, especialmente entre las personas de menor ingreso.
En contraste, subidas moderadas de precio, como 30% a ambas carnes, redujeron el consumo, pero no alcanzaron las metas sugeridas por las Guías Alimentarias de México ni por el consenso científico internacional, como el informe EAT-Lancet, que propone limitar la carne procesada a cero gramos por día.
Los investigadores también encontraron que los hogares de menores ingresos son más sensibles a los aumentos de precio, pero tienden a reemplazar la carne con alimentos más nutritivos, lo que sugiere que este tipo de medidas podrían ayudar a reducir desigualdades en salud, siempre que vayan acompañadas de políticas complementarias, como subsidios a frutas y verduras o programas de educación nutricional.
El estudio señala que México ya cuenta con avances normativos que podrían facilitar la implementación de un impuesto de este tipo, como el etiquetado frontal en alimentos, la reciente Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, y una creciente voluntad política para mejorar la nutrición y la sustentabilidad alimentaria.
La propuesta, sin embargo, no está exenta de desafíos. Los autores advierten que para ser efectiva y equitativa, una política fiscal sobre la carne debería considerar las costumbres alimentarias regionales, asegurar la disponibilidad de sustitutos saludables y evaluar posibles impactos económicos, especialmente entre los pequeños productores.