CDMX — “Sí, les puse cuatro ‘madrazos’ a dos policías, porque estaba defendiendo mi vida y la de la ciudadanía”. Son palabras de Carlos Manzo, alcalde de 40 años de Uruapan, Michoacán, quien lleva cuatro semanas acosado por las balas del crimen organizado y de la Guardia Civil, dos frentes que combate con el apoyo de cortadores de aguacate, comerciantes y muchas mujeres. Una uruapense bloqueó con su camioneta un convoy policial que llevaba al edil esposado. Era un ‘levantón’ luego de que el munícipe intervino ante la detención de una madre de familia junto con sus hijos menores de edad.
Uruapan sólo cuenta con su alcalde, quien busca para la población lo que no quiere para sus hijas: “No voy a permitir que mis hijas, ni las de los habitantes de Uruapan, sean manoseadas y arrancadas de sus familias. No me voy a callar, no me voy a detener”.
Manzo, entre balas, saca su celular y es el narrador de los días de balaceras que ha provocado con sus resistencias ha sucumbir a las células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “¡Es un basta!”
El pasado miércoles, el edil acudió a una celebración de fin de ciclo escolar, invitado por estudiantes que le pidieron ser su ‘padrino’. En plena ceremonia desarmada, una estridente irrupción de balas en la comunidad de Cherán fue la foto oficial. La comunidad salió ilesa y él también. Del lado contrario, dos muertos.
Carlos Manzo afirma que ya había sido agredido por la Guardia Civil, el pasado 21 de octubre, cuando lo golpearon estando tirado en el suelo en una manifestación pacífica. Esta vez y otras antes no se va a dejar, asegura en sus transmisiones.
Es su primer año a cargo del gobierno municipal de Uruapan. Se planteó hacer rondines ciudadanos, un patrullaje civil en defensa de los derechos humanos. Estudió ciencia política en una universidad jesuita, y dice públicamente que quiere trascender por sus acciones.
Carlos Manzo se topó con una escena. Elementos de la Guardia Civil detenían una camioneta vieja en una gasolinera. Al frente del volante, una mujer y dos niñas menores de edad como pasajeras, sin explicación, sin identificación oficial, sin justificación legal, se les acosaba.
“Los policías iban encapuchados. No mostraron placa ni nombre. Tampoco dijeron por qué querían llevarse el vehículo”, narró Manzo, quien al intervenir fue insultado y amenazado directamente. “Y tú, ¿qué te metes? A ti también te vamos a llevar.“, le dijeron. Después fue despojado del celular, golpeado, esposado y metido a una patrulla.
Rumbo a Morelia, le repitieron una y otra vez: “Allá le vas a bajar de huevos (sic) por estar interfiriendo con los intereses del estado”. Le dijeron que su resistencia iba a tener un precio.
Lo insultaron, lo lesionaron en la mano y en más de una ocasión sintió que lo iban a desaparecer.
“A bordo de la unidad gritaba para que la gente me escuchara. Iba esposado, sangrando, pero no me callé. No podía callarme”. La ciudadanía respondió.
Una señora, con sus hijos a bordo de su camioneta bloqueó el paso del convoy.
Más personas comenzaron a seguir la patrulla, a grabar, a gritar, taxistas, trabajadores del aguacate, jóvenes y comerciantes rodearon el vehículo y confrontaron a los agentes.
A gritos exigieron su liberación, la presión subió y los policías, para evitar un estallido, decidieron soltarlo.
“Si no fuera por el pueblo, hoy estaría desaparecido en algún cuarto oscuro de Morelia”, palabras de Manzo.
Agrega que otros elementos de la guardia civil llegaron poco después para seguir amedrentando, lanzando amenazas contra él y su equipo. Fue entonces cuando decidió defenderse.
“Me calenté, lo acepto. Y sí, les puse cuatro madrazos a dos policías, porque estaba defendiendo mi vida y la de la ciudadanía”, dijo.
Esto ya no es política, dice, esto es supervivencia. “Yo no voy a dejar que la guardia civil siga matando al pueblo”.
Lo que comenzó con una transmisión en vivo de alto voltaje, se convirtió hoy en un caso nacional. La denuncia explosiva de Carlos Manzo contra el gobernador al Alfredo Ramírez Bedolla y la Guardia Civil de Michoacán ya encendió las alarmas en las más altas esferas del poder federal y quien decidió actuar con rapidez fue Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, admite.