El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual robustecerá las investigaciones y ampliará las capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión y cobro de derecho de piso.
Advirtieron que una de las razones de la implementación de la estrategia, se debe a que las autoridades locales no ejecutaron proyectos exitosos para detener la entrada de teléfonos celulares a centros penitenciarios, por igual, no tuvieron óptimos resultados las operaciones para inhibir la señal telefónica.
En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), acentuaron que el proyecto estará basado en distintos ejes, los cuales, tendrán como finalidad generar detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicar protocolo de atención a víctimas, además de capacitar a operadores 089 en manejo de crisis e investigación, sumado a implementar una campaña de prevención a nivel nacional.
Hoy presentamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, que establece al 089 como número exclusivo para denuncias anónimas, con atención especializada y confidencial.
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 7, 2025
Gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e… pic.twitter.com/eaVQ959yen
Específicamente, en las entidades con mayor incidencia delictiva de bandas que solicitan dinero a ciudadanos con la condición de no causarles daño a su persona o bienes, se operará de manera prioritaria con atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados.
Dicho plan iniciará tras la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. García Harfuch destacó que el 66 de la incidencia de ese delito predomina en el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
En el Estado de México, se han acumulado dos mil 49 carpetas de investigación por el crimen de extorsión; seguido de Guanajuato, que tiene 879; Nuevo León con 645; en tanto Ciudad de México que posee 602; Veracruz 585; Jalisco que registra 178, Michoacán 124 y 47 en Guerrero.
En el proyecto se trabajará en conjunto con otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, que será la encargada del congelamiento de cuentas bancarias identificadas como depositarias de cobros de extorsiones.
Posteriormente, se solicitarán órdenes judiciales con la finalidad de bloquear las líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión. Asimismo, se implementarán operativos sorpresa en centros penitenciarios para asegurar teléfonos celulares utilizados por personas en reclusión para ejecutar ese crimen.
Al servicio de la ciudadanía se establecerá la línea telefónica 089 como número exclusivo a nivel nacional para atender denuncias de extorsión. Para salvaguardar la identidad de la víctima, los reportes serán anónimos.
En caso de que la extorsión sea indirecta, los operadores brindarán recomendaciones y acompañamiento, y si es directa se canalizará con las unidades especializadas y se dará seguimiento físico a los agredidos.
Para prevenir ese ilícito, se celebrarán convenios con la iniciativa privada para ampliar la difusión de medidas de protección. En ese trabajo, se capacitarán a cajeros de tiendas de autoservicio y establecimientos de conveniencia, así como de bancos para evitar el depósito de extorsionadores.
En suma, se darán pláticas de concientización con recepcionistas de hoteles para identificar y evitar casos de secuestro virtual en habitaciones.
Reconoce FGR que penales no cumplieron en el decomiso de celulares
Al tomar la palabra, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que aunque en el pasado se realizaron acciones para prevenir el ingreso de dispositivos móviles a los centros penitenciarios, además de intentos por el bloqueo de recepción de señal, advirtió que esos esfuerzos no se cumplieron, razón por la cual el gabinete de seguridad intervendrá en las indagatorias de los ilícitos cometidos al interior de los penales federales y locales.
“No estaríamos dando este nuevo frente, evidentemente las autoridades locales de esas cárceles no están cumpliendo, o las autoridades locales que deben de cuidar a las víctimas en esos municipios o carreteras locales no lo están haciendo, si lo estuvieran no tendríamos este problema”.
Detalló que el grueso de las extorsiones telefónicas proviene de áreas que las autoridades tienen ubicadas, como las cárceles federales y locales.
Así, mencionó que el combate al cobro de derecho de piso y de la extorsión es competencia de las autoridades de cada uno de los estados de la República, sin embargo, ante la creciente problemática en las ocho entidades, la FGR, la SSPC, y la Marina intervendrán para desarticular las redes delincuenciales que desde el interior de los centros penitenciarios cometen llamadas para exigir dinero.
De ese modo, de manera mensual darán a conocer a la ciudadanía en que cárceles se comete el delito y presentarán denuncias en contra de cualquier persona que esté relacionada con ese ilícito.
Añadió que con la finalidad de que el trabajo sea en conjunto y reforzado, Gertz Manero anunció que convocará a los 32 fiscales de las entidades para establecer un compromiso de levantamiento de todas las denuncias de esos crímenes y coordinar un sistema común de información.
El fiscal enfatizó que la estrategia tiene previsto que en el futuro se presente ante el poder legislativo la iniciativa para que la FGR y la SSPC puedan intervenir en caso de que los Ministerios Públicos encargados de la investigación no hayan cumplido en la procuración de justicia.