
CDMX — Con una clara defensa de que la justicia también tiene límites para imponer sanciones por violencia de género, conforme la propia Constitución, la ministra Yasmín Esquivel presentó un proyecto en el que echa abajo reformas a ley electoral de Coahuila por excederse en medios de impugnación para que se niegue la elegibilidad por motivos administrativos y se pronuncia por la equidad de género.
En la última sesión ordinaria de la Corte, Esquivel Mossa expuso ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una propuesta que analiza diversas reformas al Código Electoral y a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.
La jueza constitucional aborda más de 15 temas vinculados con esos temas, entre los que se encuentran los requisitos de elegibilidad, la vigencia de la inelegibilidad, el diseño de boletas electorales y, de forma prioritaria, el fortalecimiento del principio de paridad de género.
Se plantea eliminar las expresiones “infracción o declaración” e “infracciones o declaraciones cometidas” del Código Electoral, conforme una impugnación.
Para Yasmín Esquivel es válido exigir que una persona no tenga sentencia penal firme por delitos de violencia contra las mujeres para ser candidata, pero la norma de Coahuila, enfatizó, iba más allá de esa materia, al incluir infracciones administrativas, incluso contra la Constitución.
Durante el debate del proyecto, el pleno de la Corte sostuvo que es inconstitucional fijar un plazo mínimo de tres años de inelegibilidad posterior a una condena, ya que este periodo debe durar únicamente lo que determine la sentencia penal.
Esquivel Mossa consideró inválido que la inelegibilidad pueda derivar de padrones administrativos como el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género.
“La propia Constitución únicamente exige una condena penal firme”, enfatizó.
Esquivel Mossa avala, además, un sistema de corrección que permite al Instituto Electoral de Coahuila hacer ajustes cuando las mujeres queden subrepresentadas en el Congreso local. Incluso, validó que, en la representación proporcional, si no se alcanza la paridad en las diputaciones de mayoría relativa, las primeras asignaciones se hagan a partir de las listas de mujeres.
Dentro de su análisis, la ministra valida el sistema de bloques poblacionales para las elecciones municipales, que busca garantizar la alternancia y la paridad tanto horizontal como vertical.
“Este mecanismo no limita la postulación de mujeres en municipios grandes como Torreón y Saltillo”, dijo de manera contundente.
Yasmín Esquivel subrayó que se busca que las reformas electorales de Coahuila se ajusten a la Constitución y a los estándares de igualdad sustantiva, garantizando que las mujeres puedan participar en política en condiciones reales de equidad.
Así, la Corte declaró la invalidez de reformas al Código Electoral de esa entidad por ir contra los derechos político-electorales y vulneraban los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, certeza y seguridad jurídica fijados en la Carta magna.