El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y uno de sus ex colaboradores faltaron a la audiencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputaría los cargos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
Aureoles no pudo ser detenido ya que un juez concedió una suspensión provisional, aún si se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Desde el 1 de marzo del 2025, Silvano Aureoles contaba con una orden de aprehensión solicitada por la FGR.
Su defensa, Argelio Echegaray, mencionó que no sabe la razón de la ausencia de Aureoles y confirmó que sigue vigente la suspensión para no ser arrestado.
En tanto que el fiscal de la FGR, Julio Cobos, acusó que la falta del exgobernador de Michoacán reafirma la importancia de la emisión de la orden de aprehensión y subrayó que no se le entregará a Aureoles ni a su defensa la carpeta de investigación hasta que acuda a comparecer.
Mencionó que la orden de aprehensión sigue vigente y la Policía Ministerial trabaja para revocar la suspensión que impide su captura.
Aunque Aureoles no fue capturado, colaboradores cercanos a su administración fueron arrestados. Uno de ellos es Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Además de José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad.
Durante la gestión de Silvano Aureoles (2015-2021), se detectaron diversas irregularidades financieras y administrativas. En noviembre de 2021, el gobierno de Michoacán denunció un presunto fraude de cinco mil 186 millones de pesos relacionado con la construcción, arrendamiento y compra de siete cuarteles policiales. Las edificaciones presentaban sobrecostos y materiales de baja calidad, además de contar con áreas privadas lujosas destinadas al exgobernador, equipadas con blindaje antibalas y acceso privado a helipuertos.
En octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reveló que durante la administración de Aureoles se gastaron más de mil 227 millones de pesos en la renta de seis helicópteros y un avión. El contrato firmado con la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V., presentaba irregularidades, como la reciente constitución de la empresa y cláusulas que limitaban las horas de vuelo mensuales, lo que generaba costos adicionales al erario público.
Después, en marzo de 2023, la Auditoría Superior de Michoacán detectó irregularidades por 70 millones de pesos en obras públicas descentralizadas realizadas en 2018. Las faltas estaban relacionadas con la ausencia de expedientes en tres obras que no cumplieron con los requisitos legales.