La renovación total de Poder Judicial estatal de Chihuahua por voto ciudadano también vivió el fenómeno de los llamados acordeones, pero estas listas de las que se quejó PRI y PAN a nivel nacional fueron usadas en dicho estado a favor de los cercanos de la gobernadora Maru Campos.
La elección en urnas, cuestionada también por la oposición, en Chihuahua fue alentada para dar borrón y cuenta nueva en todos los juzgados: un universo de 305 personas que fueron electas.
En una medida que se consideró destinada a evitar reveses legales en los comicios, en febrero de este año, la gobernadora panista impulsó a Héctor Molina Martínez, identificado como funcionario afín al exmandatario estatal César Duarte, como magistrado presidente del Tribunal Electoral estatal.
Campos acudió a la toma de protesta de Molina en cuyo discurso llamó a la unidad: “Actualmente enfrentamos una serie de complejos retos provenientes del exterior, por lo tanto, ya no hay margen para la división interna. Justamente, la protección de nuestra soberanía requiere de la superación de las diferencias, y el abandono de toda división”, manifestó.
Son extensas las ligas que se le señalan a la gobernadora con Duarte, exgobernador señalado en una de las tramas de corrupción más grandes del país. Y en el caso de la elección judicial, el asunto reapareció.
Los acordeones afines a Maru
Listas de candidatos al Poder Judicial de Chihuahua se imprimieron en acordeones a la usanza de la 4T, pero la ejecución fue mucho mejor. En primer lugar y a diferencia de Morena, los acordeones de Chihuahua mostraron un solo grupo: el de la gobernadora, imperando excolaboradores e incluso allegados que, por igual, habían transitado por la administración de César Duarte que por la de Campos.
La presencia de Molina en el Tribunal Electoral hizo que no fuese sorpresa que, las innumerables impugnaciones (Chihuahua terminaría siendo campeón en multas por incumplimiento de las reglas de la elección), fuesen declaradas improcedentes.
El Tribunal resolvió 194 escritos de impugnación, “cifra sin precedentes a nivel nacional”, informó recientemente Héctor Molina.
Resultado de la primera elección judicial por el voto directo, Marcela Herrera Sandoval, exdirectora de Profesiones de la Secretaría de Educación y Deporte —cargo en el que la nombró la gobernadora Maru Campos—, asumirá como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua.
En tanto, el Tribunal de Disciplina Judicial de la entidad será presidido por Francisco Javier Acosta Molina, otro cercanísimo de la gobernadora.
Los acordeones chihuahuenses funcionaron bien desde estos niveles hasta la base que se integrará en los juzgados del estado.
En efecto, si los acordeones no bastaron, entonces la dirección del Tribunal Electoral local hizo lo necesario para triunfos afines al ejecutivo estatal.
Esto no pasó desapercibido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una ponencia del magistrado Reyes Rodríguez advirtió que sentencias del tribunal de Chihuahua dejaron sin aplicar la ley electoral estatal al negar recuento de votos en casillas donde el número de sufragios nulos fue mayor a la diferencia existente entre el primero y segundo lugar de los candidatos que disputaron el cargo de magistrado con especialidad en materia familiar.
Es el caso de Marcela Herrera, cuyo triunfo fue cuestionado e impugnado por Rafael Alejandro Corral Valverde. Herrera Sandoval obtuvo un total de 121,835 sufragios y en segundo lugar se ubicó a Corral Valverde, con 93,857 votos, una diferencia de 27,978 sufragios entre ambas candidaturas, mientras que el número total de votos nulos ascendió a: ¡399 mil 438! El tribunal electoral chihuahuense negó la posibilidad legal de recuento parcial de votos.
El Poder Judicial de la Federación, también con poco que decir ya que un criterio en Chihuahua podría implicar que se lo exijan en el caso del Poder Judicial Federal, ha ido desechando las quejas más relevantes. Sólo Reyes Rodríguez y Janine Otálora, la minoría, se han pronunciado por no dejar pasar que muchos de quienes administrarán justicia incumplieron la ley en su proceso de elección.
Maru Campos, así, está a punto de lograr, mejor que cualquier otro mandatario, un poder judicial carnal.
En torno a la elección de Chihuahua, la diputada federal por el PT, Lilia Aguilar, afirma que la gobernadora Maru Campos muestra la hipocresía del panismo que a nivel nacional se desgarra las vestiduras por un proceso de reforma judicial; agrega que en Chihuahua no solamente hubo un fraude electoral, sino que están tratando de imponer a las figuras más cercanas al gobierno del estado, que además trabajan en las oficinas de la gobernadora, “sin ningún recato”.
La legisladora apunta al Tribunal Electoral de Chihuahua como responsable de avalar las irregularidades que incluyeron el embarazo de urnas.
“El Tribunal Electoral de Chihuahua hizo caso omiso a las denuncias de los quejosos que denunciaron el embarazo de urnas, además de que muchos candidatos no cumplieron con los requisitos de la reforma al Poder Judicial. Están llegando personas que no están capacitadas y que cometieron delitos, muy claros, para poderlos meter al proceso. Se distribuyeron acordeones desde las instituciones de gobierno”, relata.
Lilia Aguilar espera aún que la Sala Superior del TEPJF emitan sentencias contra la elección en Chihuahua. “Ojalá todavía la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación tome las decisiones correctas en el tema de Chihuahua y que evidencie “el fraude que hizo el panismo y el priismo en Chihuahua en esta reforma judicial”.
En toda esta trama está relacionado el exgobernador priista César Duarte, quien enfrenta proceso judicial en libertad por corrupción y goza de una fortuna económica intacta a la fecha.
Javier Corral, también exgobernador, ha acusado constantemente a Maru Campos de haber bloqueado la persecución judicial de Duarte. Para Corral no hay duda, como lo confirmó en diversas entrevistas con Crónica: desde que Campos estaba como alcaldesa de la capital estatal, su nombre aparecía en las listas de los beneficiarios de las corruptelas del último gobernador priista de la entidad.