Entre fuertes cuestionamientos y el voto en contra de toda la oposición, el pleno del Senado aprobó las cinco propuestas del l Ejecutivo Federal para ocupar por 15 años improrrogables las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), entre ellas, Eduardo Santillán Pérez, ex jefe delegacional en Álvaro Obregón y ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como José Ramón Amieva Gálvez, ex jefe de Gobierno sustituto de la Ciudad de México.
Las otras personas ratificadas fueron Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá y Ludmila Valentina Albarrán Acuña, quienes completaron la integración del máximo órgano jurisdiccional en materia administrativa y fiscal del país.
Con 82 votos a favor, 34 en contra y una abstención la mayoría oficialista aprobó estas propuestas sin importar los cuestionamientos de militancia partidista y parcialidad que lanzó la oposición a los nuevos magistrados.
Las vacantes en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa permanecían sin cubrir desde hace varios años. La administración federal actual argumentó que su ocupación era necesaria para garantizar la continuidad de los procesos y fortalecer la impartición de justicia administrativa en el país.
Durante la sesión, las bancadas de oposición expresaron severas críticas al proceso y a los perfiles avalados por la mayoría oficialista, al advertir que las designaciones responden a una lógica de lealtad política y no a criterios de independencia judicial.
“El Tribunal no puede llenarse con personajes bajo sospecha”, acusó la senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval y sostuvo que e la ratificación de los cinco magistrados pone en riesgo la independencia del Tribunal, instancia que –recordó– “fue creada para juzgar al gobierno, no para servirle”.
“Debe ser árbitro entre el poder y el ciudadano, no un instrumento del poder político. Su independencia no es un lujo, es una condición de legitimidad y hoy esa independencia está en riesgo”, señaló.
La senadora tricolor recordó que Eduardo Santillán Pérez ha hecho toda su carrera en la política partidista, ha sido jefe delegacional, diputado local, diputado en el Congreso de la Ciudad, representante electoral de Morena.
“ Nunca ha impartido justicia, nunca ha litigado en materia fiscal, nunca ha formado parte de un órgano jurisdiccional, su trayectoria es política, no jurídica, su nombramiento no es un reconocimiento al mérito, es un pago a la lealtad.”
(…) José Ramón Amieva Gálvez, por su parte, tampoco cumple con los requisitos legales,ha sido encargado del despacho de la jefatura de gobierno, presidente municipal, consejero jurídico del entonces Distrito Federal y su procurador de Derechos Humanos. Su experiencia es eminentemente política y su paso por el servicio jurisdiccional fue breve y subordinado, no alcanza los ocho años que la ley exige. Su perfil, por lo tanto, no garantiza independencia, garantiza alineación”, acusó
Por su parte el PAN a través del senador Raymundo Bolaños Azócar afirmó que los nombramientos representan una nueva muestra de “la ambición totalitaria del régimen”, al colocar en posiciones clave a personas cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Estas designaciones son de empleados de la Presidenta, no de magistrados independientes”, sostuvo. “Cada uno de los perfiles destaca por su cercanía con el poder. Deben su trayectoria al Morenato y responderán a los intereses del gobierno, no de la ciudadanía”, remachó
La senadora Claudia Anaya Mota (PRI), cuestionó la imparcialidad y reputación de las personas designadas, recordando que la Ley Orgánica del Tribunal exige “buena reputación, honorabilidad y excelencia profesional” para ejercer el cargo.
Pidió devolver el dictamen a comisiones para un análisis más exhaustivo, al advertir que algunos perfiles “no cumplen plenamente con los requisitos legales y éticos que demanda una función jurisdiccional de esa magnitud”.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, lamentó que la mayoría oficialista haya impuesto su voto para ratificar a los nuevos magistrados, al considerar que el proceso “forma parte de la estrategia del gobierno para controlar los órganos jurisdiccionales”.
“Estas designaciones no garantizan la imparcialidad. El proceso de desmantelamiento del Poder Judicial no se detiene. El régimen tiene un claro interés en colocar a personas que respondan a sus intereses políticos y no al mandato constitucional”, afirmó.