CDMX — Los núcleos sociales deben convivir es espacios con infraestructura que permitan el bienestar, y esa es la apuesta para reconstruir el tejido social, inversiones con transparencia, con participación del sector público, privado y académico, dijo el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.
Al encabezar el Foro Nacional “Inversiones en Infraestructura y Servicios”, el vicecoordinador de los legisladores federal del partido guinda también logró la firma del Acuerdo Nacional para la Inversión y el Desarrollo con Justicia Social en Escobedo, Nuevo León, municipio que, dijo, es referente en el país por adoptar el Plan México y por su capacidad de coordinar de manera efectiva a los sectores público, privado, académico y social.
“Necesitamos un nuevo horizonte que permita reconstruir el tejido social y relanzar la actividad económica. El Estado debe recuperar su capacidad de planear y acompañar al sector productivo para canalizar inversiones hacia infraestructura, energía, innovación y sectores estratégicos”, expuso el diputado zacatecano.
Enfatizó que actualmente la inversión privada representa 90% del total nacional —equivalente a 20.8% del PIB— mientras que la inversión pública apenas alcanza 2.3%.
Alfonso Ramírez Cuéllar resaltó que ya presentó la Iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, que sustituye a la actual Ley de APP, que tiene el fin de fijar reglas claras, mayor transparencia y mecanismos modernos para impulsar proyectos de alto impacto social. En tanto, la iniciativa plantea cuatro esquemas de inversión: Directa, Indirecta, Mixta y Mínima.
El líder parlamentario destacó que el Plan México es la nueva columna vertebral del desarrollo nacional, al subrayar que el país requiere un cambio profundo en la manera de financiar y ejecutar obras estratégicas.
Este plan, puntualizó, constituye la ruta estratégica para enfrentar los rezagos históricos del país en infraestructura, la desigualdad territorial y la baja productividad.
Al foro acudieron representantes de organismos empresariales, cámaras industriales, bancos de desarrollo, especialistas y representantes de empresas como Caintra, FEMSA, DeAcero, Alfa, Terrium y CMIC, firmas que coincidieron en la necesidad de fortalecer la certidumbre jurídica, la planeación de largo plazo y los incentivos que permitan detonar inversión sostenible en el país.
La firma del compromiso establece una agenda conjunta entre gobierno, sector privado, academia y organizaciones sociales para impulsar un crecimiento más inclusivo, además de fijar como metas elevar la inversión total por encima del 25% del PIB en 2026 y del 28% en 2030, generar 1.5 millones de empleos en sectores estratégicos, fortalecer el contenido nacional en cadenas globales de valor y desarrollar infraestructura con visión territorial para reducir desigualdades y mejorar la competitividad.
Se impulsa también un modelo energético mixto que fortalezca a Pemex y CFE, promueva empleos mejor capacitados, refuerce las capacidades de planeación del Estado y convoque a acompañar la revisión del T-MEC para lograr una integración económica regional moderna y ventajosa para México.
“Este compromiso colectivo marca el inicio de un nuevo ciclo de desarrollo más justo, sostenible y basado en corresponsabilidad. Sólo con confianza, corresponsabilidad y beneficios compartidos podremos construir un crecimiento sostenido que se traduzca en bienestar para todas y todos”, sostuvo Ramírez Cuéllar.
