La Secretaría Anticorrupción abrió una investigación contra Javier Tapia Santoyo, funcionario del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por posibles actos de corrupción relacionados con contratos multimillonarios y desvío de recursos públicos. Como parte del proceso, se pidió su suspensión inmediata para evitar que intervenga en la indagatoria o manipule documentación clave.
De acuerdo con el expediente, Tapia Santoyo aprobó un contrato valuado en 2 mil 500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar, señalada en reportes oficiales como integrante del “cártel de la limpieza”. El acuerdo se firmó por varios años —2025 a 2028— y presuntamente se restringió la participación de otros proveedores, lo que habría afectado la transparencia del proceso.
Señalamientos por irregularidades y desvío de recursos
La denuncia también cuestiona que la adjudicación haya sido dirigida hacia una empresa específica, contraviniendo normas básicas de competencia y transparencia. Además, la Secretaría Administrativa del IPN, encabezada por Tapia Santoyo durante la licitación, habría sido la responsable de solicitar y operar el contrato. El tema tomó fuerza después de que personal de limpieza del Politécnico protestara recientemente por retrasos en sus pagos.
El segundo punto de la investigación corresponde a la etapa en que Tapia Santoyo fungió como tesorero del ISSSTE, entre 2019 y 2022. Según el expediente, durante ese periodo recibió depósitos en cuentas personales y en dos compañías vinculadas a él: Human Mobile Systems y Labi Scientific. También se detectó que recursos destinados para adquirir insumos médicos habrían sido desviados hacia empresas fantasma, como Interacción Biomédica, que presuntamente recibieron más de 1,613 millones de pesos sin sustento documental.
Aunque aún no se ha informado si el IPN cumplió con la suspensión del funcionario, el documento enviado al director general, Arturo Reyes Sandoval, confirma que las indagatorias avanzan. El caso podría derivar en faltas administrativas graves, denuncias penales, auditorías a contratos del IPN y del ISSSTE, e incluso la inhabilitación de Tapia Santoyo para ocupar cargos públicos.