Si bien uno de los argumentos para aprobarla fue que la población en general tendrá acceso al agua, la realidad es que los 50 cambios a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas no garantizarán el derecho humano de las personas para acceder a este vital líquido de forma suficiente, pues dejarán intacto el sistema original de concesiones, advirtió el Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la IBERO. (InIAT).
La IBERO a través de Wilfrido Antonio Gómez Arias, académico de (InIAT) recordó que cuando Monterrey, Nuevo León, enfrentó a su peor crisis hídrica durante décadas, fue un claro ejemplo para saber cómo funciona la actual Ley de Aguas Nacionales, pues mientras la mayoría de la población no tenía agua, las grandes empresas seguían extrayendo este recurso estratégico.
Alrededor de 3 mil 304 usuarios (los millonarios del agua) de un total de 361 mil 600 concentran una cuarta parte de los títulos de concesiones para uso consultivo, es decir, el 1.1% de todos los usuarios a nivel nacional.
Refirió que, al complacer al sector privado se están creando dos reformas paralelas que son totalmente opuestas y que no definen con reglas claras la manera en que el gobierno, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), va a reasignar la poca agua que pueda controlar de las concesiones recuperadas.
El académico de la IBERO desmontó el argumento de Morena para aprobar esa ley y explicó que en ambas leyes no se les quita concesiones a los grandes usuarios que no pagan derechos, ni tampoco los sanciona si contaminan el agua, además de que no garantizan la representación de los ejidos y las comunidades agrarias e indígenas que no tienen acceso directo a su agua.
Gómez Arias explicó que ni la Ley de Aguas Nacionales ni la nueva Ley General de Aguas les quita concesiones a los grandes usuarios que no pagan derechos y menos los sanciona si contaminan el agua, además de que no garantizan la representación de los ejidos y las comunidades agrarias e indígenas que no tienen acceso directo a su agua.
Acusó que entre los usuarios que usan más de un millón de metros cúbicos de agua al año para uso industrial, agroindustrial, de servicios y comercio, más del 80% no paga por ese derecho, es decir, se estima que este monto no recaudado podría superar los 60 mil millones de pesos anuales.
“No hay reglas claras sobre lo que va a pasar, si en ambas leyes se deja a la interpretación. Cualquier gobierno las puede usar como quiera y como están ambas leyes se deja que el poder decida y eso es lo peligroso porque es discrecional al no establecer reglas claras para transmitir concesiones”, expresó
En el caso de las concesiones otorgadas a los grandes caciques, dijo que, al controlar el agua de los módulos de riesgo, los pequeños agricultores que tienen parcelas las terminan rentando o vendiéndolas al no poder expandir su producción agrícola.
“Hay que contemplar esquemas diferenciadores. No es lo mismo lo que le vas a cobrar a un productor que perdió su cosecha. No hay cambios profundos en ambas leyes y se deja poca agua de consumo para la ciudadanía”, subrayó el especialista de nuestra casa de estudios.
Acotó que lo ideal es crear un nuevo marco legal y derogar la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la cual fue hecha a la medida para los grandes usuarios y que ellos pudieran hacer negocios y explotarlas, en detrimento de los 286 acuíferos sobreexplotados, y 527 con tendencia a tener menos disponibilidad.