Para cobrar el Seguro de Separación Individualizado que se mantenía con la empresa Metlife, extrabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) firmaron su baja del extinto organismo. Esto es un procedimiento que es normal en instancias de gobierno, toda vez que ese seguro está destinado justamente para dar soporte (“liquidar”) a quienes dejen sus plazas de confianza en situaciones como en un cambio de gobierno.
Un grupo de 133 ex trabajadores del IFT exigen ser liquidados y han realizado protestas que incluyen el bloqueo de la avenida Insurgentes; pero la existencia de ese seguro impediría a la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) acceder a la demanda de los despedidos.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Crónica, varios trabajadores causaron baja definitiva del extinto organismo y ya cobraron el seguro de separación de Metlife.
De hecho, la aseguradora exigió comprobar a los involucrados que efectivamente se habían dado de baja del IFT para cubrirles el pago del fondo del seguro que fue alimentado por el erario público y, en su caso, con las contribuciones del propio trabajador.
Los colaboradores de libre designación del IFT que están protestando son aquellos que ocuparon puestos de dirección, asesores o de funciones que requieren un alto grado de confidencialidad.
Si bien los extrabajadores del IFT no enfrentaron obstáculos para cobrar su seguro de separación, ahora la baja definitiva presentada ante la aseguradora impide a la CRT y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), gestionar alguna liquidación adicional: el erario ya se usó para alimentar el seguro y una vez cobrado, para liquidar a los trabajadores de confianza, así que liquidarlos nuevamente representaría un gasto injustificable desde el punto de vista legal.
Los servidores públicos de la CRT ya fueron advertidos de la inviabilidad de hacer ese doble pago que les puede representar responsabilidades administrativas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, esto, de acuerdo con un funcionario vinculado con el proceso ante Hacienda.
DETENIDA GESTIÓN ANTE SHCP
En un comunicado con fecha del 3 de noviembre, el grupo de 133 ex trabajadores del IFT agradeció a la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, el apoyo en las negociaciones ante la autoridad hacendaria. Durante varias sesiones de trabajo, el nuevo organismo regulador manifestó su disposición a plantear la problemática ante SHCP.
Sin embargo, luego de la firma de los trabajadores para dar por concluida su relación laboral con el extinto instituto y proceder al cobro del seguro de separación de Metlife, sólo ha quedado la ruta de los tribunales para afrontar cualquier reclamo adicional.
La CRT acordó mantener un diálogo permanente con los 133 inconformes. Sin embargo, los extrabajadores no informaron que habían firmado su baja laboral con el IFT con el fin de acceder al seguro de Metlife.
Cabe destacar que el Pleno de Comisionados del extinto IFT (Javier Juárez Mojica, Ramiro Camacho Castillo, Arturo Robles Rovalo y Sóstenes Díaz González) aprobó por unanimidad que sólo se pagará liquidación a los trabajadores del servicio profesional de carrera, conforme a la ley, mientras que aquellos que trabajaban bajo el esquema de libre designación sólo tendrían un finiquito (pago de prestaciones de ley), así como el seguro de retiro y nada de indemnizaciones.
De acuerdo con la versión estenográfica de la sesión del pleno del 5 de septiembre de 2025, el comisionado Robles votó a favor de que se cumpliera estrictamente lo dispuesto en el artículo Noveno transitorio del Decreto por el que se expide la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que planteó aprobar el pago de una indemnización o un finiquito a las personas servidoras públicas que terminan su relación laboral con motivo de la desaparición del Instituto.
En esa sesión del pleno, el titular de la Unidad de Administración del extinto IFT, Óscar Everardo Ibarra Martínez, aseguró que según con el artículo Noveno transitorio, se desprendió que los derechos laborales de los servidores públicos del Instituto serían respetados en términos de la legislación aplicable y que, derivado de lo anterior, el IFT dispondría de los recursos financieros, incluidos los contenidos en el Fideicomiso de Administración e Inversión denominado “Fondo de Infraestructura y Equipamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
Durante su participación en ese pleno, Ibarra Martínez precisó que las indemnizaciones se pagarán a las personas que gozaban de estabilidad laboral, no a las de libre designación como asesores.
Incluso, en septiembre pasado, el comisionado presidente Javier Juárez Mojica aseguró que el IFT disponía de “los recursos económicos para las indemnizaciones, en el caso del personal del servicio profesional, y finiquitos para todo el personal, tanto d los de servicio profesional como de libre designación”, según consta en las versiones estenográficas.
Aunque el desaparecido IFT no informaba regularmente y durante el último año de sus operaciones decidió no actualizar sus estadísticas, en 2020 laboraban en el instituto un total de 1,492 servidores públicos, de los cuales 256 trabajaban como personal de libre designación. Este esquema fue usado para designar subdirectores y directores, sobre todo del área legal que reportaban a áreas sustantivas, pero, sobre todo, a los comisionados integrantes del pleno, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación.
En 2016, el personal de libre designación reportó 207; en 2017 eran 217, en 2018, 252 y en 2019 ya sumaban 256. Entre 2021 y 2025 no se cuenta con información pública sobre el número de trabajadores, pero se sabe que ahora son 133 las personas que buscan la doble liquidación.