A la crisis de insumos y desabasto de medicinas que sufren en el Sector Salud, se suman las deudas, como en el caso del el Instituto Nacional de Perinatología, que mantiene un adeudo de 6 millones 326 con empresas que realizan la limpieza en sus instalaciones, lo que puede impactar en este servicio en perjuicio de los pacientes.
El representante legal de la empresa Aseo Privado Institucional S.A. de C.V. (API), Fernando Lorenzo, acusó que el INPER encabezado por la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, suspendió los pagos correspondientes a la segunda quincena de febrero y a todo marzo sin explicación alguna lo que ha generado afectaciones operativas, y por ello ya se interpusieron acciones legales correspondientes.
De hecho se recurrió a la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza, Raquel Buenrostro a fin de que se cite antes de que acabe el año a la titular de Administración y Finanzas del INPER, María de Lourdes Olmedo Cruz, a fin de resolver el adeudo antes del cierre fiscal, ya que está comprometiendo el pago de nómina, aguinaldos y compromisos con proveedores.
Esta situación financiera se suma a los recortes que sufrirán los institutos de salud pública para el próximo 2026.
De acuerdo con un comunicado sobre el tema, el contrato se derivó del convenio modificatorio No. 099-5320-07/2024 y pese a que el personal de Aseo Privado ha realizado diversas solicitudes de pago, los funcionarios que administran el contrato se muestran evasivos a liquidar el adeudo, lo que ha comprometido la liquidez y operación de la empresa, el pago de sueldos a empleados y proveedores.
El representante legal aseveró que la empresa cuenta con correos electrónicos que acreditan los intentos de comunicación con el administrador del contrato por parte del INPER, pero fue hasta el 1 de octubre cuando les informaron por escrito que habían disminuido unilateralmente el presupuesto del servicio de limpieza en las instalaciones de ese hospital , aun cuando este ya se había realizado.
Fernando Lorenzo, aseveró que según el Inper, solo les resta cubrir menos del 20 % del requerimiento original.
Según el representante legal, el responsable del atraso en los pagos presuntamente sería Luis Antonio Fonseca Rodríguez, Jefe del Departamento de Servicios.
Por su parte, Gerardo López, asesor de la empresa de limpieza, señaló que prácticas como la dilación en los pagos por parte de funcionarios públicos “ponen en riesgo de quiebra a las empresas que prestan servicios al gobierno”, y advirtió que este tipo de situaciones afecta la preservación de empleos en un contexto económico que requiere de liquidez.