De cara a la gesta mundialista de 2026, donde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey harán de sedes, la capital mexicana se convirtió en receptáculo de una serie de ‘mejoras’, adecuaciones y proyectos cuyo objetivo estriba en optimizar la movilidad del público nacional y extranjero que se aglomerará en torno a los estadios, puntos de interés turístico y principales vías de comunicación, además de aeropuertos, terminales de autobuses, paraderos de transporte público y estaciones de Tren Ligero y Metro. En este tenor, el Gobierno de la CDMX tuvo a bien trazar sobre la Calzada de Tlalpan una dilatada cliclovía que se desdoblará en una treintena de kilómetros entre adoquines, jardineras, topes y problemas, pues con tan solo el 60% de avance, al corte de diciembre de 2025, el proyecto ya inauguró múltiples accidentes viales, más tránsito, mayor contaminación y encontronazos entre vecinos, comerciantes, locatarios, usuarios de los corredores de autobuses que surcan la vía y con el gremio motivo de este texto, las trabajadoras sexuales.
TRABAJO SEXUAL
En la práctica, la Calzada de Tlalpan ha sido empleada durante décadas -cerca de 37 años- por trabajadoras sexuales que le ocupan como emplazamiento para captar clientes, negociar tarifas y ejercer su oficio, una actividad que echa mano de la amplitud que brindan los cuatro carriles de la vialidad -hasta julio de este año, cuando iniciaron las obras- y la efervescente oferta de hoteles y moteles que puntean la calzada. Naturalmente, el trazo de la Ciclovía Gran Tenochtitlan interfirió, desde que fuera plantada la primera piedra, con el trabajo sexual y sus hacedoras, y se enfatiza la “A”, en tanto la mayoría son mujeres que alegan, no sin sorpresa, que nunca fueron consultadas sobre el impacto que el proyecto podría tener en su trabajo cotidiano y, por ende, en el modo de vida que les permite sostenerse y mantener familias enteras, al tiempo que, argumentan, contribuyen al dinamismo económico de la ciudad y aportan a la oferta de servicios.
DERECHO A LA CIUDAD
Una oleada de manifestaciones, marchas y someros bloqueos de la Calzada de Tlalpan por parte de las trabajadoras sexuales durante agosto, a altura de la estación del metro Chabacano, acusaron que la ciclovía interfería directamente con la fuente de ingreso y actividad laboral de al menos 7 mil 200 sexoservidoras (cifra aportada por la asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer), por lo que demandaron el establecimiento de mesas de diálogo con las autoridades capitalinas, en particular con el secretario de Gobierno, César Cravioto, ante lo que consideraron representa una estrategia de ‘limpieza social’ enmascarada con el desarrollo de la ciclovía de cara al Mundial de futbol, una obra que comenzó a desplazarles de un espacio ganado a fuerza de perenne y añeja presencia, por no decir ampliamente conocida y socorrida por más de un estrato social, género o grupo demográfico.
Las movilizaciones, en su mayoría capitaneadas por la Alianza Mexicana de Trabajadorxs Sexuales (AMETS), se han extendido desde entonces en tanto las escasas ocasiones de diálogo con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México han resultado infructuosas e incluso contraproducentes, pues al tratar públicamente el tema los funcionarios de la capital han enarbolado comentarios que el gremio tacha de “moralistas” y que contribuyen a la estigmatización del trabajo sexual, se trata de dichos tales como que la ciudad trabajará en un protocolo para “asegurar que no haya afectaciones y establecer códigos de conducta , de vestimenta, de horarios, para que (las trabajadoras sexuales) no afecten a los vecinos de la zona” o como que las autoridades buscarán prevenir el “turismo sexual” y una “ola de contagios de Infecciones de Transmisión Sexual”, este último esgrimido por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; AMETS, en mancuerna con otras organizaciones como la Coalición Laboral Puteril, Escuchando la calle y la organización en pro de las mujeres y personas LGBT+ en situación de calle (LLECA) acusó que este tipo de declaraciones no contribuyen en nada a solucionar el problema de la ciclovía ni coadyuvan en la atención de las demandas del colectivo, al contrario, alimentan los dañinos estereotipos que pesan sobre el trabajo sexual y atentan contra la “buena ciudadanía” de las personas que lo ejercen, quienes también tienen derecho a la ciudad.
MEDIDAS DEFICIENTES
Hacia septiembre, tras los comentarios del jefe de la Policía capitalina, ante los cuales Natalia Lane, trabajadora sexual y activista, respondió “no somos un foco de Infecciones de Transmisión Sexual y tampoco podemos ser confundidas como víctimas o sobrevivientes de explotación sexual” la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, comprometió a la Secretaría de Obras y Servicios a contemplar en la ciclovía la construcción de “58 puntos de inclusión” a lo largo de su trayecto “para que la población pueda acceder a opciones de movilidad y que las trabajadoras sexuales desempeñen sus actividades cotidianas”, no obstante, en un texto de su autoría para Malvestida, publicado en octubre, Natalia argumentó que la incorporación de los ‘puntos de inclusión’ no son nada más que una medida deficiente en tanto no se tomó en cuenta que el trabajo sexual sobre la Calzada de Tlalpan congrega a ‘miles’ de sus colegas, “¿cómo lograr que haya el espacio suficiente entre compañeras para negociar y trabajar con los clientes?”, y si los puntos conjurados por el gobierno capitalino también harán de paradas de autobús, ¿cómo podrán las trabajadoras sexuales acercarse a los autos -si es que éstos pueden orillarse sin causar accidentes o peleas con operadores del transporte- para negociar sus servicios? A decir de Lane, esta dinámica se vuelve aún más peligrosa si se adiciona a los ciclistas a la mezcla de entropía.
NUEVAS EXIGENCIAS
Luego de al menos siete bloqueos a la Calzada de Tlalpan e igual número de mesas de trabajo entre las áreas de Atención a la Diversidad Sexual y de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Obras y Servicios para escuchar las propuestas de las trabajadoras sexuales, según Cravioto, el gremio afectado ha reformulado sus principales exigencias y las ha orientado hacia la subsecretaría de Gobierno y a su titular, Fadlala Akabani.
En el presente, el trabajo sexual amenazado por la nueva ciclovía exige la creación de una estrategia interinstitucional enfocada en paliar las afectaciones del proyecto a las labores de este sector y que al mismo tiempo garantice la seguridad de las sexoservidoras frente a la nueva dinámica vial. De acuerdo con Lane, sus colegas precisan de la confección de un esquema que involucre a la Secretaría del Bienestar, asesoría en materia de Derechos Humanos, a la Policía de Tránsito, Seguridad Ciudadana, a la red de hoteles, moteles y demás establecimientos mercantiles que operan sobre o cerca de la Calzada de Tlalpan, que también participan de las dinámicas del trabajo sexual y que se cuentan en más de 50 mil locales.
Adicionalmente, los colectivos que han tomado parte de las protestas y mesas de diálogo han solicitado una reparación económica y la entrega de despensas dignas a las personas que han visto afectados sus ingresos por no poder ejercer su “derecho a la ciudad y su derecho a trabajar en la vía pública”, del mismo modo, piden la inclusión de las trabajadoras sexuales a los programas sociales de vivienda y salud dado que muchas forman parte de poblaciones vulnerables y de ‘grupos de atención prioritaria’ tales como mujeres trans, personas de la tercera edad, migrantes y personas en situación de calle, incluso existen varias con algún tipo de discapacidad.
PÉRDIDAS Y ACUERDOS MÍNIMOS
De acuerdo con datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), una trabajadora sexual que trabaja sobre la Calzada de Tlalpan gana, en promedio, hasta cinco mil pesos a la semana, ahora bien, la dificultad que suponen las obras de la ciclovía para la captación de clientes ha acarreado pérdidas para las sexoservidoras de hasta tres mil pesos semanales, es decir, el trabajo sexual en la zona ha mermado sus ingresos en un 60%.
Ante las pérdidas, uno de los primeros arreglos que brotaron de las mesas de trabajo fue el de “reparar el daño” entregando despensas que garanticen al menos un mes de sustento alimentario, además de la promesa de otorgar a las agraviadas un seguro de desempleo por 3 mil 500 pesos al mes durante tres meses, acuerdos mínimos que no fueron debidamente cumplidos por la subsecretaría de gobierno de la capital, lo que arrojó a las trabajadoras sexuales a bloquear una vez más la calzada; “El hambre entra por la ventana, no hay empleo y nuestros refrigeradores están vacíos”, describió Natalia.
DEJO DE ABANDONO
Hace más de un mes que no ocurren nuevas reuniones entre las autoridades capitalinas; ni el secretario de Gobierno, César Cravioto, ni el subsecretario Fadlala Akabani, han dado razón sobre si se trabaja o no en las exigencias de las sexoservidoras en torno a ser incluidas en los esquemas de seguridad social y apoyo para la vivienda, mientras tanto, la ciudad afirma que la ciclovía avanza “de manera importante” y que “va muy bien”.
Luego de la conferencia de prensa del 12 de noviembre, donde Cravioto dio cuenta del 60% de avance en el proyecto, las autoridades de la capital no han vuelto a hacer referencia al tema del trabajo sexual sobre la calzada, en tanto, la construcción no se detiene y las afectaciones tampoco, los congestionamientos arrecian, los accidentes ocurren con más frecuencia, motocicletas continúan utilizando el carril confinado y los autobuses de pasajeros lo obstruyen cada vez que alguien solicita su parada, el caos ya se antoja endémico y aún no hay ni trazas de las 5.5 millones de personas que se estima llegarán la CDMX a partir de junio de 2026. En medio de todo esto se encuentran las trabajadoras sexuales, cuyo fin de año, sin duda, estará marcado por la precariedad dada la imposibilidad de laborar con normalidad.