CDMX — Como parte de un acuerdo entre México y Estados Unidos, 55 mexicanos más, para un total de 110, enfrentarán a la justicia estadunidense, tras una entrega que se ciñe a “usos y costumbres” o “pragmatismo estadunidense”, dado que se pasa por alto la inexistencia de ratificación de extradición por parte del Senado norteamericano.
El gobierno mexicano tiene en puerta la entrega de 55 personas más sometidas a un proceso penal, en la mayoría sin sentencias, luego de los primeros traslados, ocurridos en dos grupos, el de 29 presos, el 27 de febrero, y 26 más el pasado 12 de agosto.
Especialistas en derecho señalan que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos nunca ha sido ratificado.
David Saucedo explica que este tratado nunca ha sido ratificado, pero ha sido utilizado por ambos gobiernos conforme a sus intereses.
“Hay, en la historia de América de Estados Unidos, el uso a conveniencia, a contentillo, de esta figura, sin que haya juicio de por medio, un juicio de extradición. El marco legal en este tema es como de ‘usos y costumbres’”, dijo a Crónica el experto.
Aclaró que desde la nueva administración de Donald Trump se acordó la entrega total de más de 100 mexicanos. Primero, 29 y meses después de 26. Entonces, pues 55 presos más en cárceles mexicanas van a EU para que los narcos que son detenidos por las autoridades estadunidenses sean entregados”.
Las versiones de comunicación oficial de ambos países describieron estas acciones como “transferencias” o “entregas”.
El gobierno de Ernesto Zedillo adujo la figura de extradición para Juan García Abrego, porque tenía la doble nacionalidad, pero el marco el marco legal lo han utilizado-.
Incluso, en algunos casos se mencionó la palabra “deportaciones”. Sin embargo, esta figura en términos de derecho solo aplica para extranjeros, porque un mexicano no puede ser expulsado ni deportado de su propio país, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Familiares de los afectados advierten que autoridades federales que la mayoría de los 55 mexicanos no estaban sentenciados y algunos incluso tenían resoluciones judiciales favorables en México.
“Esto no significó una omisión o una violación procesal, es, por definición, una grave violación a los derechos humanos, al debido proceso, al derecho a la defensa y a la garantía de que nadie puede ser privado de su libertad o expulsado de su país sin las debidas formalidades legales, de acuerdo a especialistas en la materia”.
En las denominadas mañaneras", la Presidenta de México ha destacado que los derechos humanos deben prevalecer en todos los casos, incluso cuando se trata de delincuentes de alta peligrosidad.
Los especialistas en materia de seguridad consideran que la reiterada apelación del discurso oficial a la universalidad de los derechos humanos se desmorona frente a los hechos.
Ya que el envío masivo de ciudadanos mexicanos al extranjero, al margen de un procedimiento formal de extradición, no solo contradice ese discurso, sino que lo vacía de contenido.