CDMX — La iniciativa presidencial de reforma política-electoral incluirá fijar reglas claras para que constituciones locales y la de la Ciudad de México permitan eliminar la declaración de procedencia y se pueda actuar penalmente contra personas gobernadoras, diputaciones locales y la Jefatura de Gobierno, es decir, retirar el fuero para estos cargos y se les investigue, lo que no equivale a culpabilidad, sino a que posibls imputaciones se resuelvan ante fiscalías.
Este martes, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar informó que presentó ante el Grupo de Trabajo de Dictaminación de la Comisión de Puntos Constitucionales su iniciativa de reforma constitucional en materia de fuero político, cuyo objetivo central, dice el texto, es erradicar privilegios, combatir la impunidad y garantizar que ninguna persona servidora pública esté por encima de la ley, sin menoscabar la libertad de expresión ni la función legislativa.
De acuerdo con algunos legisladores de la bancada morenista, la propuesta de retirar el fuero constitucional será incluida como parte de la propuesta de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará a una de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, en enero y que comenzará a dictaminarse en febrero.
Ramírez Cuéllar destaca en su iniciativa de desafuero que, en 2019, a instancias del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se reformó la Constitución para retirar el fuero al titular del Poder Ejecutivo federal y ampliar los supuestos por los que puede ser juzgado, incorporando delitos de corrupción, electorales y cualquier ilícito aplicable a la ciudadanía.
“Ese fue un ejemplo claro de colocarse en el mismo nivel que cualquier ciudadano o ciudadana frente a la ley”, subrayó.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados explicó que la iniciativa retoma experiencias exitosas de entidades como la Ciudad de México, Jalisco y Puebla, donde se ha avanzado en la supresión del fuero, con el propósito de homologar criterios a nivel constitucional y devolver a esta figura su sentido original: la inmunidad parlamentaria para proteger la opinión y el voto, no como escudo frente a la justicia.
La propuesta plantea reformas a los artículos 61, 108, 111, 116 y 122 de la Constitución, con cambios clave como:
Fortalecer el artículo 61, garantizando explícitamente la protección de las opiniones y del sentido del voto de legisladoras y legisladores.
Ampliar en el artículo 108, el catálogo de personas servidoras públicas que pueden ser imputadas y juzgadas durante su encargo, incluyendo diputadas, senadoras, gobernadoras y diputaciones locales, por los mismos delitos que cualquier ciudadano.
Eliminar la necesidad de declaración de procedencia para que diputadas y senadores enfrenten procesos penales por delitos cometidos durante su encargo, sin que ello implique automáticamente la separación del cargo, salvo en casos que ameriten prisión.
Establecer, en los artículos 116 y 122, reglas claras para que constituciones locales y la de la Ciudad de México permitan proceder penalmente contra personas gobernadoras, diputaciones locales y la Jefatura de Gobierno.
El morenista enfatizó que estar sometido a proceso no equivale a culpabilidad, sino a permitir que las imputaciones se resuelvan ante fiscalías y tribunales, evitando que delitos queden impunes o prescriban por el amparo de privilegios. “Lo que no queremos es que pasen tres o seis años con delitos que perseguir y que, por el fuero, no se castiguen”, afirmó.
Alfonso Ramírez Cuéllar asegura que la iniciativa no debilita al Congreso ni a los gobiernos locales, sino que los legitima, al reforzar la confianza ciudadana y cerrar espacios para que cargos públicos sean utilizados como refugio frente a responsabilidades penales. En ese sentido, señaló que esta propuesta se suma a una agenda más amplia contra los privilegios, junto con las acciones para combatir el nepotismo y otras prácticas que dañan la vida democrática.
El morenista reiteró su llamado a los legisladores a abrir un debate nacional.
“Con foros y consultas, para enriquecer la discusión y construir los equilibrios necesarios entre la protección institucional de la función pública y el combate frontal a la impunidad. “Se trata de una de las transformaciones democráticas más importantes que debemos concretar”, dijo.