El cuerpo de la soldado Stephany Carmona Rojas, de 19 años, presentaba dos heridas en la cabeza. “Le dispararon a la frente”. Hace dos meses, el 15 de octubre, la joven recluta fue asesinada dentro del 51º. Batallón de la Guardia Nacional, en Acapulco, Guerrero. Su cuerpo decía más que dos tiros salidos de un arma Pietro Beretta (con piezas desmontables). Moretones en brazos y yagas en un glúteo posiblemente por quemaduras.
“Si requiere de manera urgente reimpresión de actas certificadas de la defunción de su hija, cada una le va a costar 590 pesos. Pero si no le urgen, espere tres meses y luego vaya a una papelería donde hagan la búsqueda y se las impriman”, respondió un burócrata desde WhatsAPP a la familia de la víctima que no tiene certezas legales en el proceso penal contra un sargento de nombre Yair Manuel Ramírez de la Cruz, cuya foto difundida, en la solapa de su uniforme militar, evidencia una ‘cínica’ irregularidad. “Pérez”, se alcanza a leer en la placa de identidad.
¿A quién encubre todo un sistema de justicia, el militar y el de los juzgadores con toga civil? La familia de Stephany lo ignora, porque ni siquiera les han explicado por qué hay un apellido que no concuerda con el del presunto agresor detenido y vinculado a proceso por feminicidio.
El crimen de Stephany, presuntamente ordenado por altos mandos (de acuerdo con versiones extraoficiales), ocurrió de noche, pero no el 15 de octubre, como le han hecho creer a la familia. A la soldado le quitaron la vida al menos 24 horas antes, tiempo usado para que el perpetrador del ataque no dejara rastro de su huida del puerto de Acapulco y para que se montara una versión institucional. Todo fraguado dentro de una fortaleza militar ‘sorda y ciega’. Nadie escuchó disparos. Las cámaras de videovigilancia no grabaron nada, porque ese día la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “cortó el servicio eléctrico” al casi recién inaugurado cuartel. Esto dicen ante un juez de Control elementos de la Guardia Nacional llamados a declarar.
La mañana del 15 de octubre, la familia de la soldado, originaria de municipio pobre de Ajalpan, Puebla, recibió una llamada del Hospital Naval Militar de Acapulco. Se les informó que Stephany había ingresado a cirugía. Les dijeron que su estado de salud era “reservado”. Una voz de mujer sólo dijo que se llevaba a cabo una práctica de adiestramiento, y la joven resultó lesionada.
Poco antes de las 20:00 horas, los padres y hermanos de Stephany llegaban a Acapulco, un viaje de transbordos. El autobús aún no aparcaba cuando la familia volvió a ser contactada por la misma voy de mujer del Hospital Naval Militar. Esta segunda llamada era fatal: “Stephany acaba de fallecer”.
Los padres no pudieron ver el cuerpo de su hija inmediatamente. Les informaron que ya había sido trasladado al Servicio Médico Forense. Tomaron la decisión de que se practicara la necropsia sin reconocimiento del cadáver.
Padres y hermanos fueron conducidos a un hotel para que descansaran, pese a la negativa de la madre, pero les dijeron que sería una espera de horas. La necropsia duró sólo tres horas. Cuando los padres de Stephany pudieron ver el cuerpo de su hija, éste se encontraba embolsado, resguardado en una bodega del hospital, un lugar en el que había cubetas.
“Me llevaron a una bodega, había muchas cosas que se usan para limpieza, no para resguardar muertos. Mi hija estaba casi sobre el piso. Tenía orificios en la frente. No hubo práctica de adiestramiento con armas. Ella nos contó que sus siguientes prácticas serían a rapel. A mi hija la asesinaron”. Nada de lo que dijeron desde la GN tenía sentido en un supuesto accidente.
Saber cómo murió Stephany Carmona Rojas les cuesta a los padres 590 pesos. Eso sólo por el acta certificada de defunción, monto que se elevará conforme a la próxima entrada en vigor, el 1 de enero, de la actualización de la Ley de Derechos. Además, deberán pagar a la papelería la impresión del documento, y a esos gastos los padres ya han tenido que costear traslados para audiencias, incluso en las que han sido tratados por los militares como testigos y no como víctimas directas del feminicidio de su hija.
