CDMX — El Órgano de Administración de Justicia (OAJ) federal adjudicó contratos a 16 empresas ‘patito’ en servicios de seguridad privada y de limpieza para sus inmuebles supuestamente ubicados en ciudades de estados como Baja California, Tabasco, Tlaxcala, Chihuahua y Coahuila, entre otros
El “nuevo” Poder Judicial de la Federación falló en favor de empresas irregulares o ‘patito’ en seguridad privada y de limpieza, que consiguieron contratos directos al ceder 20 por ciento como ‘moche’ del monto de la adjudicación para brindar estos servicios en sus sedes de administración de justicia ubicadas en estados como Baja California, Tabasco, Tlaxcala, Chihuahua y Coahuila, entre otros.
Este medio tuvo acceso a un documento en el que se establecen las direcciones de los edificios del Órgano de Administración de Justicia, que sustituyó en septiembre pasado al Consejo de la Judicatura Federal, donde supuestamente deberán contar con seguridad privada y limpieza, según sea el caso, pero se aclara que “pueden variar, ya sea que se agreguen o bien que disminuya con la remoción de algún inmueble, por lo cual el ”ESTADO DE FUERZA ASIGNADO podrá ser redistribuido o modificado con base en las necesidades del servicio que pudieran presentarse derivado de los cambios dictados en el Órgano”. Este proceso fue validado presuntamente por al menos seis funcionarios públicos del OAJ.
Conforme a denuncias de empresarios de variados rubros, Giovanni Guerrero Durán, director de Servicios Generales en el Órgano de Administración Judicial (OAJ), favoreció a 16 empresas dedicadas al ramo de la seguridad privada y limpieza de inmuebles con el otorgamiento de procedimientos de adjudicación que realizó el órgano de administración judicial federal.
Crónica ha dado cuenta de estas irregularidades señaladas por empresarios que advierten que sólo 16 consorcios fueron los únicos invitados al concurso de licitación para, toda vez que sus dueños aceptaron dar ‘moche’ -quivalente a 20% de las ganancias- a Guerrero Durán, una vez que comenzaran a operar y cobrar sus respectivos servicios.
Las empresas Safe Enviroments, SA de CV, propiedad de Octavio Bonilla, Sistemas Prácticos En Seguridad Privada SA de CV, SS Asistencia y Supervisión SA de CV son exhibidas como responsables de protestas, en los primeros meses de este año, de no poder garantizar el mínimo servicio necesario en museos como el Museo de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ubicado en inmediaciones de Polanco.
Representantes jurídicos de un grupo de empresarios excluidos de participar en los procesos de licitación para los contratos de seguridad privada coinciden en señalar a SEICSA de tener vínculos con el dueño de Miss Universo, incluso para la venta de armas.
“Los consorcios no cuentan ni con el número de trabajadores necesarios ni con la infraestructura adecuada para ofrecer sus servicios a cualquier tipo de cliente, por lo que, sin el menor recato, recurren a la ‘mordida’ para garantizar la entrada de ingresos y su misma subsistencia”.
Los denunciantes advierten que el coordinador de Administración Regional, Jorge Arturo Martínez Lembrino, instruyó invitar a sus administraciones regionales y delegaciones administrativas.
Las firmas que destacan los oAches Limpieza SA de CV; Aquaseo SA de CV; Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales SA de CV; BL Diseño y Mantenimiento Empresarial SA de CV; Limplex SA de CV; Seguridad Privada Empresarial, SA de CV; Limpieza y Fumigación Corporativa de SIN SA de CV; Mac Tabasco SA De CV; María Huerta Pérez Multilimp y Asociados SA de CV; Semalyn SA de CV; Servicios y Suministros Gavica SA de CV; Tecnolimpieza Ecotec SA de CV y Sprom Servicios Integrales SA de CV.
Al nombre de Martínez Kll se resalta el de Giovanni Guerrero Durán, quien no actúa solo, sino que lo hace en complicidad con una camarilla conformada por Juan Carlos Zamora García, secretario ejecutivo de Administración; Rogelio Ruiz Rasgado, quien funge como “su brazo derecho”; Raúl Antonio Peniche Canto, Coordinador de Control Operativo de Administraciones de Edificios, quien firma documentos que están fuera de su competencia y Jorge Arturo Martínez Lembrino, Coordinador de Administración Regional.
Para los denunciantes, se corre el riesgo inminente de que cinco servidores públicos obstaculicen las investigaciones en su contra que desde el viernes 26 de diciembre se realizan por órdenes directas de Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial, mismas que quedaron asentadas en la carpeta CAJ/DGI/INV/270/2025; ya que pueden modificar o eliminar información y documentación incriminatoria.
“Se hace un llamado a Vargas Solano, para que los procedimientos de adjudicación en distintos ramos como limpieza, seguridad, comedores, fumigación y tecnología entre muchos más, se realicen nuevamente desde cero y sin vicios de por medio y que se pare el abuso de esas empresas que según ya están adjudicadas y no han mostrado ningún documento oficial de cómo ganaron la licitación y bajo qué normas del OAJ ya que pretenden tomar los servicios antes del 01 de enero a de 2026 por instrucciones de Giovanni Guerrero Durán pasándose todos los protocolos del OAJ.
Este lunes, los afectados reiteraron su solicitud de que sean suspendidos de sus cargos al menos seis funcionarios del
PJF por sus presuntos “abusos primordialmente en los servicios de seguridad y limpieza, y se repitan los procedimientos de manera legal para una mayor transparencia del OAJ”.
“Es decir, que se realicen por las áreas competentes, sin moches y sin información previa que ponga en desventaja al resto de los participantes”.