El 8 de enero del 2026, en el estado de Veracruz, fue asesinado el periodista Carlos Castro. Y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), condena su homicidio al ser el undécimo comunicador que ha sido privado de la vida desde el inicio del mandato de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024.
El periodista fue asesinado a tiros mientras cenaba en la localidad de Poza Rica por hombres armados no identificados quienes ingresaron al establecimiento de comida TrogueBirria.
En su comunicado, RSF salió a pedirle a las autoridades que la investigación en el caso Castro se ejecute con “rigor y total transparencia”. Asimismo enfatizaron en que se considere “prioritariamente la posible relación del crimen con su labor periodística”, en un contexto marcado por la constante violencia en contra de la prensa en el país.
“Comenzar 2026 con el asesinato de un periodista, después de un 2025 que ya fue el año más mortífero para la prensa en México en los últimos tres años, envía una señal extremadamente alarmante”, expresó Arturo Romeu, director de RSF.
El periodista Carlos Castro era director de la página informativa de Facebook Código Norte de Veracruz, la cual se especializa en temas de seguridad en la zona norte de la entidad.
De igual manera, el reportero también había colaborado con otros medios locales como Vanguardia, La Opinión de Poza Rica y el portal Enfoque. Cubría principalmente la fuente policiaca local, incluidos arrestos, accidentes, homicidios, secuestros y casos de corrupción que involucran a autoridades
La RSF dio a conocer que Castro, de 25 años, había sido “sido amenazado hace poco más de dos años por policías municipales en Poza Rica”, siendo este el mismo lugar donde fue asesinado, “lo que motivó su incorporación al mecanismo local de protección en abril de 2024”.“Ante el temor por su vida, el periodista se vio obligado a salir temporalmente de la ciudad, antes de retornar a la ciudad en agosto de 2025 y retomar su labor”, sentenció el documento.
De acuerdo con la CEAPP (Comisión Estatal para La Atención y Protección de Los Periodistas), “las medidas de protección” al comunicador fueron suspendidas hace dos años, ya que se consideraban que “el tema había sido atendido”.
Por su parte, la Fiscalía General del estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación sobre el asesinato de Castro, mientras que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) exigió que se haga justicia.
Para finalizar, la organización sostuvo que en el segundo año de Sheinbaum, existe “nuevamente la oportunidad -y la responsabilidad- de evitar que 2026 reproduzca este patrón de violencia letal”.
Con información de EFE