A dos semanas del accidente, la dirigencia nacional del PAN exigió al Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum y a las autoridades responsables un peritaje técnico independiente, elaborado por especialistas sin conflicto de interés así como una investigación penal y administrativa sobre la cadena de decisiones públicas que derivaron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero aseveró que la magnitud del daño obliga a revisar también el manejo de contratos, proveedores y posibles conflictos de interés, particularmente en torno al suministro de materiales y la supervisión de obra.
Romero recordó que esta no es la primera vez que una obra prioritaria del gobierno presenta fallas graves.
El Tren Maya –recordó--registró descarrilamientos entre 2024 y 2025, lo que demuestra un problema estructural en la manera en que se planifican y ejecutan estas obras.
Por ello, exigió la suspensión temporal del servicio del Tren Interoceánico, exclusivamente hasta que exista plena garantía de seguridad para los usuarios.
Al mismo tiempo demandó una revisión integral del Tren Interoceánico y del Tren Maya, para prevenir riesgos futuros así como transparencia total en contratos, auditorías, dictámenes y supervisiones de ambas obras.
Romero Herrera afirmó que la tragedia del Tren Interoceánico obliga a una investigación profunda, seria y verificable, pues las circunstancias del descarrilamiento revelan inconsistencias que no pueden quedar sin respuesta.
“Ante lo tristemente sucedido, el país necesita certezas, no explicaciones superficiales. Pedimos claridad y apoyo para las víctimas”, señaló.
Jorge Romero recordó que auditorías federales y especialistas habían advertido sobre deficiencias en la infraestructura, señalización y supervisión del proyecto, lo cual genera dudas sobre la calidad de los trabajos recientes y la cadena de decisiones públicas.
“Las advertencias estaban ahí. Lo que hoy se cuestiona no es el desarrollo en sí, sino cómo se construyó, cómo se corrigió y cómo se certificó,” enfatizó.
El dirigente panista añadió que la magnitud del daño obliga a revisar también el manejo de contratos, proveedores y posibles conflictos de interés, particularmente en torno al suministro de materiales y la supervisión de obra.
“Los hechos se repiten bajo el mismo esquema de opacidad y prisa política. El problema no es el terreno ni la mala suerte: es la forma de gobernar”, afirmó.
Asimismo, recordó la designación irregular de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, como “supervisor honorífico” sin capacidad técnica y con acceso privilegiado a decisiones relevantes del proyecto, lo cual abrió la puerta a conflictos de interés y presuntos actos de corrupción documentados en audios públicos.
Romero Herrera informó que el PAN presentó denuncias ante la FGR y autoridades de anticorrupción por uso indebido de recursos, negligencia criminal, irregularidades técnicas y probables conflictos de interés. “El PAN no solo señala: denuncia y actúa”, subrayó.
Romero subrayó que estas exigencias no pretenden obstaculizar el desarrollo, sino garantizar que la infraestructura pública sea segura, eficiente y libre de corrupción.
“Lo que estamos pidiendo es lo mínimo: verdad para las familias, responsabilidades para quien corresponda y seguridad para quienes utilizan el servicio. México merece obras seguras y autoridades que asuman su responsabilidad,” estableció