
El sistema de pensiones en México no solo es una “bomba demográfica” por el rápido envejecimiento de la población sino que se han convertido en una presión fiscal que han encendido las alarmas pues ya impactan de manera importante las finanzas del país: el gasto en pensiones ascenderá a más 6 % del PIB para 2026, 40 % de los ingresos tributario
De acuerdo al paquete fiscal 2026, el gobierno federal destinará 2.23 billones de pesos, casi la mitad de los ingresos tributarios, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país.
“La evidencia internacional y regional muestra que, cuando no se ajusta oportunamente el financiamiento de las pensiones, los gobiernos recurren a estrategias que posponen el costo: endeudamiento público, subfinanciación de contribuciones o uso de recursos presupuestarios sin una fuente permanente”, advierte un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestario (CIEP) .
El problema es que ese gasto se disparará entre 2030 y 2035 con la jubilación de la generación de la Ley del 73, quienes recibirán pensiones más generosas que las del esquema actual .
Un pensionado promedio vive 23 años, después de jubilarse lo que agrava la presión fiscal en las finanzas del país.
Un informe del CIEP denominado “Pensiones, edad de retiro y desigualdad de género”, advierte que las pensiones no son un tema marginal ni de largo plazo: son una presión fiscal presente que compite directamente con otros usos del presupuesto, como salud, educación e inversión pública, temas sensibles para la población sobre todo los dos primeros.
Gasto público
Según este reporte, el gasto público en pensiones medido como transferencias monetarias por vejez y sobrevivencia explica que el promedio de la OCDE se sitúa en 8.5% del PIB.
México registra 5.3 % un nivel intermedio similar al de Colombia (5.6 %) y Costa Rica (5.5 %), pero claramente superior al de Chile (3.7 %).
En los extremos, Grecia alcanza 16.2% del PIB, reflejando un sistema maduro, altamente envejecido y con fuerte predominio de pensiones públicas.
ESPEJISMO
Si bien, comparado con otros países, parece que México no destina muchos recursos a pensiones, la realidad es que el nivel de recaudación y el bajo crecimiento económico hace que este gasto presione las finanzas públicas consumiendo el 40 % de los ingresos tributarios.
Las pensiones concentran el impacto del rápido proceso de envejecimiento demográfico que atraviesa el país.
México transita a una sociedad más envejecida, con estimaciones de que para 2050, la población mayor de 60 años superará a niños y jóvenes, incrementando la demanda de servicios de salud y pensiones.
Cada año hay más personas adultas mayores que viven por más tiempo y reciben pensiones durante periodos más prolongados.
El documento también destaca la brecha de género en pensiones o en el retiro.
Mientras, en promedio, los países de la OCDE redujeron la brecha de 28 % en 2007 a 23 % en 2024, México la empeoró al pasar de 28.5 % a 35 % en el mismo periodo, aun considerando las pensiones para el bienestar.
Ello porque las mujeres llegan con desventaja por menores salarios, mayor informalidad y salidas prolongadas del mercado laboral por trabajo no remunerado como los cuidados.
Implicaciones de políticas pública
Las proyecciones demográficas indican que el número de personas adultas mayores seguirá aumentando en las próximas décadas.
Por tanto, el gasto en pensiones continuará creciendo, incluso si no se realizan cambios adicionales al sistema.
“La evidencia internacional y regional muestra que, cuando no se ajusta oportunamente el financiamiento de las pensiones, los gobiernos recurren a estrategias que posponen el costo: endeudamiento público, subfinanciación de contribuciones o uso de recursos presupuestarios sin una fuente permanente”, advierte